Juan José, de un año y seis meses de edad, tiene una pluma entre las manos, le quita el tapón para llevárselo a la boca mientras su madre lo sostiene en los brazos. Ella, Rocío Gil, se hace cargo de un local de dulces al mayoreo, y durante ocho horas al día acomoda la mercancía y atiende a los clientes con su hijo en el costado. Cada vez que intenta soltarlo, el pequeño llora y grita.

Su primera hija, que ahora tiene 5 años y cursa el preescolar, no creció en el local porque desde el primer año la inscribió en la única estancia que había en Ahuacatlán, en la sierra de Puebla, donde viven. Era parte del programa de Estancias infantiles para madres trabajadoras sin seguridad social que operaba la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desde 2007.

El gobierno sostenía su funcionamiento entregando 950 pesos mensuales por cada niño inscrito de 1 año y hasta antes de cumplir 4 años y, según establecían las reglas de operación, las tutoras debían dar una cuota de corresponsabilidad acorde a su nivel de ingresos.

En este municipio en la sierra norte de Puebla, 8 de cada 10 personas vive en pobreza moderada o extrema, según las mediciones de ingreso. Por eso, aquí las mamás sólo podían dar 10 pesos diarios, o sea, Rocío entregaba 200 pesos al mes de los 2 mil 400 pesos que gana.

Pero el 15 de febrero, justo cuando el pequeño Juan José ya tenía un año de edad para poder entrar a la estancia, a 300 kilómetros de su pueblo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que su gobierno detectó actos de corrupción en las estancias infantiles.

“Hubo muchas irregularidades. De cada tres estancias infantiles hay dos irregulares, (por ejemplo) falta de permisos para funcionar. Tenemos un millón 500 mil casos de pruebas documentadas, en su momento les vamos a presentar y se le va a entregar a la Fiscalía General los padrones de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero”, expuso el Presidente.

A partir de entonces, el gobierno dejo de entregar dinero a las estancias infantiles y, en cambio, los padres de familia recibirían directamente mil 600 pesos bimestrales para el cuidado de los niños y con eso los tutores decidirían llevar a sus hijos a estancias o quedarse el dinero, y que alguien más los cuidara.

El 3 de abril, en otra conferencia de prensa, la subsecretaria de Bienestar, antes Sedesol, Ariadna Montiel, dijo que en la revisión que hicieron “no localizamos” a 97 mil niños porque los domicilios son inexistentes o las personas no son localizadas en el domicilio que está registrado.

Por eso, en el nuevo padrón sólo incorporaron a 203 mil mamás y 213 mil niños. Las tutoras, incluso, “todos aceptaron por escrito, con su firma, que el modelo que se les está planteando del programa es correcto y lo aceptan”, aseguró Montiel.

Sin embargo, nunca se entregó un informe detallado sobre las supuestas irregularidades, ni siquiera ubicación geográfica de los domicilios registrados e ilocalizables. Y tampoco existe un padrón público de las beneficiarias.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores prometió que no dejarían sin apoyo “a ningún niño que lo necesite y que esté dentro de la validación”. Aunque aclaró que el funcionamiento o cierre de las estancias “no nos implica a nosotros. Lo que nosotros haremos es que le llegue el recurso a la madre o al padre para que esa niña y ese niño tengan los cuidados”.

Rocío no supo en ese momento que esa decisión de gobierno le impactaría directamente. Lo comprobó dos meses después, cuando no pudo inscribir a su hijo porque la única estancia de su pueblo cerró y en los nueve meses siguientes, el apoyo prometido nunca llegó.

Para esta investigación, Animal Político realizó primero entrevistas telefónicas con encargadas de 10 estancias infantiles en la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, y Puebla, registradas en el padrón público que la Sedesol mantuvo hasta 2017.

En todos los casos las respuestas coincidieron en que debido al cambio de dinámica las madres dejaron de llevar a sus hijos a las estancias y el número de niños atendidos disminuyó hasta 80%, y también que el apoyo no llegaba a todos pese a haber sido censados.

Se seleccionó visitar Ahuacatlán porque era la única estancia registrada en ese municipio indígena y que, además, está incluido como prioritario en las reglas de operación de la actual administración.  

SIN ESTANCIA Y SIN AYUDA

En 2007, María de Jesús Díaz Vázquez, quien entonces tenía 28 años, pensó que podría crearse una fuente de empleo y al mismo tiempo cuidar a su propio hijo haciéndose cargo de una estancia de la Sedesol en su comunidad, Ahuacatlán, un municipio de 14 mil habitantes donde 715 hogares son encabezados por una mujer.

El municipio prestó un inmueble al lado del preescolar del pueblo y la Sedesol le entregó 35 mil pesos para adecuar el espacio de acuerdo a las necesidades de atención. En los siguientes cuatro meses utilizó el dinero del gobierno para comprar y habilitarlo, entregó los comprobantes y la dependencia le dio un documento de “liberación” acreditando con facturas el destino de los recursos.