A punto de cumplirse un año del linchamiento mortal de Daniel Picazo en Papatlazolco (Huauchinango, Puebla), la familia se muestra insatisfecha por la lentitud del proceso judicial y por algunas inconsistencias en la investigación que mantienen en libertad a supuestos implicados en aquella terrible matanza colectiva. Los padres del joven asesor político, que tenía 31 años cuando fue sacado de su furgoneta, golpeado y quemado en la plaza del pueblo, lamentan que no se haya podido vincular a proceso aún a los policías que aquella noche estuvieron en el lugar y no salvaron la vida del hombre.
Tampoco se ha procesado al juez cívico de la comunidad ni al presidente municipal auxiliar, a quienes testigos de la muerte han señalado como presentes en el aquelarre, muy cerca del torturado. La familia espera que se detenga también a una mujer a quien señalan como incitadora del tumulto y sostienen, porque dicen que han visto un video que lo demuestra, que Picazo no llegó solo en su furgoneta hasta ese pueblo, como se dijo, sino que iba acompañado de un amigo de la zona. Hasta el momento hay 11 detenidos que permanecen en prisión provisional desde aquellas fechas, algunos de los cuales están prontos a iniciar las audiencias intermedias. “Ya vamos para un año, esto es triste y lento”.
Acusado de robachicos por la gente del pueblo, la noche del viernes 10 de junio de 2022, una turbamulta sacó a Daniel de su furgoneta y lo llevó maniatado hasta la cancha deportiva del pueblo, donde fue golpeado con machetes y quemado aún con signos de vida. Había varias patrullas de la policía que estaban en el lugar, como muestran los terribles videos que circularon aquellos días. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla solicitó el pasado noviembre que se investigara penalmente y sancionara a los policías que estuvieron aquella noche en Papatlazolco: “Los servidores de seguridad pública estatal y municipal no actuaron conforme al protocolo previsto para los linchamientos, no hubo intentos de impedir que lo rociaran con gasolina, ni de que prendieran fuego, ni mucho menos de apagarlo y proteger a la víctima”, dijeron en una rueda de prensa.
Pero eso no ha ocurrido. “Los policías se inconformaron y plantearon una queja”, dicen los padres de Picazo, Angélica y Nicandro. “Se han promovido amparos por parte de la policía, argumentan que se vieron superados por el pueblo y que no pudieron hacer nada”, explican. También los detenidos han promovido amparos por cuestiones de idioma, dado que pertenecen a una comunidad originaria.
“Aseguran que esa es la razón de que no hayan sido completamente informados, es mentira, porque saben español perfectamente, pero estos amparos han devuelto el caso a etapas de formulación, imputación y vinculación a proceso”, señala la familia.
Los padres aseguran hoy que el muchacho no se perdió y acabó en aquel pueblo de noche y solo. Aseguran, porque alguien del pueblo les mostró un video, que Daniel iba de copiloto y que lo abandonaron antes de que el pueblo comenzara con el macabro ritual. “Iba acompañado y lo botaron, eso es definitivo”, dicen, pero sostienen que la fiscalía no ha entrado en ese asunto. Tampoco se ha apresado a la mujer a la que acusan de haber incitado a la turbamulta.
En la última audiencia a la que asistieron los padres de Picazo, el abogado de uno de los detenidos solicitó la exhumación del cadáver “para tratar de dictaminar si había muerto por los golpes o por las quemaduras”. El juez denegó la petición. “Habló con nosotros después y dijo que no consentirá que se desentierre el cadáver, dijo que había muerto por los golpes y el fuego, que no había duda de eso”, explica la madre en su casa.
El juez les permitió hablar en esa audiencia celebrada hace algunos días en Puebla. Nicandro quiso decir entonces: “Señor juez, ¿es que quemar a una persona, viva o muerta, acaso no es delito?”. Angélica también pudo exponer su visión sobre la exhumación que se solicitaba: “Les dije que era una vergüenza todo lo que estaban pidiendo, que ya lo habían matado, que lo dejaran descansar en paz”.
Daniel Picazo fue enterrado en un cementerio de la Ciudad de México, donde vivía con su familia, y donde se había desempeñado como asesor político en el Congreso de Diputados para después ponerse a trabajar por su cuenta. Era un joven despierto al que le gustaba viajar y que había completado sus estudios en España. De tanto en tanto iba al pueblo para tomar unas chelas y convivir con parientes y amigos. Fue lo que hizo aquel día antes de caer en las manos de una multitud descontrolada. Los linchamientos son comunes en México, con especial incidencia en Puebla, por razones aún no estudiadas del todo. La familia sostiene hoy que “todo estaba planeado, que los que decían ser sus amigos no lo eran tanto”, y acusan a uno en especial, el que dicen que manejaba la furgoneta ese día y pertenece a una familia poderosa del pueblo.
La muerte del gobernador de Puebla Miguel Barbosa en diciembre de 2022, también ha frenado este proceso, según sostiene la familia. En él encontraron, aseguran, apoyo para resolver el asunto y para que fueran indemnizados por parte del Gobierno estatal, así como para sufragar la camioneta del joven, que fue quemada. El vehículo sigue en la Fiscalía como parte de las pruebas, así como la cartera que ese día le sacaron del pantalón, ya moribundo, donde pudieron confirmar su identidad. “¿Pero, dónde están el reloj bueno que llevaba y el celular?”, preguntan.
El desgaste de la familia es el natural en estos casos. Angélica ha sufrido parálisis en el cuerpo de la que aún se recupera y a Nicandro la diabetes y otras dolencias no le dejan parar. “¿Y qué hacemos? Ya ni llorar es bueno. No hay justicia, hay leyes y gobiernos, pero no sé para qué son”, lamenta la madre.
Fuente: El País/ Carmen Morán Breña
