Una denuncia por incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar se presentó, en promedio, diario, durante el primer cuatrimestre de este año, delito relacionado con el pago de pensiones alimenticias, cuyos principales registros se reportaron en la capital poblana.

El pasado 8 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias que incluye restringir a los deudores trámites como de la licencia de conducir, el pasaporte o participar por cargos públicos.

Los reportes de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla revelan que entre enero y abril de este año iniciaron 122 indagatorias por los incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, en comparación con los 108 casos del mismo periodo del 2022, incrementaron casi 13 por ciento.

También las estimaciones de la FGE detallan que en el primer cuatrimestre de este año el municipio poblano que acumuló la mayoría de los casos fue la capital poblana, con 65 de las indagatorias iniciadas, en comparación con los 64 casos ocurridos en los mismos meses del 2022, indica que tuvieron ligeras variaciones.

Por ahora el artículo 354 del Código Penal del Estado de Puebla advierte que las sanciones de aquellas personas que incumplan con su obligación alimentaria se les puede aplicar una pena de uno a cuatro años de cárcel o ponerse al corriente con sus adeudos.