Una denuncia por incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar se presentó, en promedio, cada 27 horas, en el primer bimestre de este año, relacionadas con la entrega de pensiones alimenticias, cuyos principales registros se reportaron en la capital poblana.

El pasado 15 de marzo se confirmó que en el Congreso de Puebla ingresó la “Ley Sabina”, cuyo objetivo será sancionar a los padres que incumplan con el pago de las pensión alimenticia de sus hijos, mediante un padrón de deudores a los que podrían incluirlos al buró de crédito, cancelar sus licencias y pasaporte.

Por ahora el artículo 354 del Código Penal del Estado de Puebla advierte que las sanciones de aquellas personas que incumplan con su obligación alimentaria se les puede aplicar una pena de tres meses hasta 2 años de cárcel o ponerse al corriente con sus adeudos.

Los reportes de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla revelan que entre enero y febrero de este año iniciaron 52 indagatorias por los incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, en comparación con los 60 casos del mismo periodo del 2022, indicó que disminuyeron más del 13 por ciento.

También las estimaciones de la FGE detallan que en el primer bimestre de este año el municipio poblano que acumuló la mayoría de los casos fue la capital poblana, con 33 de las indagatorias iniciadas, en comparación con los 35 casos ocurridos en los mismos meses del 2022, arroja que disminuyeron casi en 6 por ciento.