En el último año de gobierno en Puebla de Luis Miguel Barbosa Huerta, se radicaron cerca de 500 procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos, donde destaca sanciones en 40 casos, en las que se incluyen destituciones e inhabilitaciones.

En las acciones para hacer frente a la corrupción en el estado, a través de los Órganos Internos de Control (OIC) se recibieron más de mil 500 denuncias, que no necesariamente corresponden a hechos registrados en la administración actual; del total de denuncias, 37% se encuentran aún en proceso de investigación

No obstante, según cifras oficiales, destaca que 131 expedientes han sido resueltos, donde se desprende que en tres de cada 10 hubo sanciones contra servidores públicos, que a detalle corresponden a más de 30 suspensiones y ocho destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones y una amonestación pública.

Además, “con el propósito de erradicar prácticas de corrupción, el gobierno del Estado presentó 346 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en contra de diversos servidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito”, se especifica en el documento del Cuarto Informe de Labores de Barbosa Huerta.

Resalta también que se ha dispuesto de una serie de mecanismos para facilitar que los poblanos interpongan denuncias, a través del programa #PROIntegridad, que sumó 3 mil 400 quejas por el presunto incumplimiento de obligaciones de servidores públicos.