Al menos 12 quejas se presentaron en contra de anexos y centros de rehabilitación de adicciones en Puebla por las condiciones en las que operaron, así como por presuntos actos de explotación sexual, torturas y privaciones de la libertad, según datos de la Comisión de Derechos Humanos (CDH)
El Congreso del Estado de Puebla aprobó el pasado 8 de diciembre la iniciativa para sancionar con aplicar de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización a los responsables o encargados de estos centros que incumplan con la normativa.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, la CDH confirmó que 12 quejas presentadas ocurrieron entre 2017 y julio de este año; no obstante, cuatro de las inconformidades ocurrieron en 2022 por supuestas privaciones de la libertad, un suicidio y abusos.
Destaca que en 2021 se alcanzó el registro anual más alto de quejas en contra de centros de rehabilitación en Puebla, tras atender seis quejas, en las que los cercanos a las víctimas denuncian que la Policía Municipal se lo llevaron en contra de su voluntad, casos de tortura y actos privativos de la libertad.
Anexos los caracterizan abusos
La última queja que se presentó fue el pasado 18 de julio, luego de presentar la “queja en contra de la fiscalía debido a que no le recibieron su denuncia que pretendía presentar, debido a que Brenda Lizeth N. la ingresaron a un anexo en contra de su voluntad”.
Otro de los eventos más recientes ocurrió en la capital poblana el 27 de abril del 2021, en la que su promovente narra que encerraron a su amigo, Fortino Ramos Ramos, en un anexo en contra de voluntad, en el que es víctima de presuntos actos de tortura, por lo que pidió su intervención.
También el 22 de marzo del 2021 recibieron de Izúcar de Matamoros una queja, en la que su promovente asegura que Policías Municipales de Tepexco detuvieron a su hijo, pese a que no cometió ninguna falta administrativa, por lo que lo trasladaron hacía un centro de rehabilitación, sin su consentimiento.
Destaca que otra de las quejas se dio el 22 de marzo pasado, sin detallar en cuál municipio se inició, pero el promovente denunció que en un centro de rehabilitación agreden de forma física a los pacientes. El 6 de abril de este año se concluyó el procedimiento, debido a que no lo ratificaron.
