Una investigación por trata de personas se inició en Puebla, en promedio, cada nueve días, cuyos registros se repartieron entre la capital poblana, Izúcar de Matamoros, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepeaca y Acajete, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los registros de incidencia delictiva revelaron que en el primer semestre de este año se iniciaron 20 investigaciones por trata de personas, en comparación con las 26 investigaciones reportadas en el mismo periodo del 2021, indicó que disminuyeron en más del 23 por ciento.
A nivel estatal, la capital poblana se convirtió en el municipio con mayor cantidad de indagatorias iniciadas, tras terminar la primera mitad de este año con 15 investigaciones en el territorio estatal, en comparación con los 14 casos del mismo periodo del 2021, indicó un ligero incremento del 7 por ciento.
Mientras que las otras cinco investigaciones que se iniciaron en Puebla por trata de personas se repartieron entre Izúcar de Matamoros, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepeaca y Acajete, al reportar una investigación cada uno de los municipios poblanos.
PUEBLA, PUNTERO EN SENTENCIAS
Más del 54 por ciento de las sentencias emitidas por explotación sexual en México se concentraron en Puebla, por lo que se convirtió en la entidad con la mayor cantidad de resoluciones judiciales en el país entre 2016 y 2020, según información de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Informe de Evaluación de la Política Pública contra la Trata de Personas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que entre 2016 y 2020 la fiscalía les informó que se emitieron 11 sentencias por explotación sexual, de las cuales seis de los casos ocurrieron en Puebla.
A nivel nacional, Puebla ocupó el primer lugar en sentencias por trata de personas en su modalidad de explotación sexual, al superar a Ciudad de México que reportó cuatro resoluciones, mientras que la otra ocurrió en Tlaxcala, por lo que los responsables obtuvieron penas de hasta 22 años.
Entre las sentencias de Puebla destaca que la información que proporcionó la FGR no aclara en la mayoría cuál fue el monto de reparación del daño a las víctimas, al contar solo con información en una de las resoluciones del 2018, en la que el Gobierno de México pagó 293 mil 852 pesos.
