Muertos, torturados y privaciones de la libertad son las condiciones que reportaron al interior de los anexos o centros de rehabilitación contra las adicciones de Puebla que derivaron en la presentación de al menos seis quejas antes la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en 2021

Muertos, torturados y privaciones de la libertad son las condiciones que reportaron al interior de los anexos o centros de rehabilitación contra las adicciones de Puebla que derivaron en la presentación de al menos seis quejas antes la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en 2021.

Durante su conferencia de prensa del pasado 5 de abril, el gobernador de Puebla, Miguel Barbos Huerta, anunció que crearán un centro de rehabilitación contra las adicciones a sustancias e impulsarán medidas de prevención; debido a que el Gobierno Federal no impulsa medidas en la entidad.

Las prácticas violentas en contra de adictos de Puebla provocaron que la CDH local atienda seis quejas en 2021, en las que los cercanos a las víctimas denuncian que la Policía Municipal se lo llevaron en contra de su voluntad, casos de tortura y actos privativos de la libertad.

Tortura y muerte en anexos

A través de una solicitud de acceso a la información pública, la CDH informa que la queja más reciente se presentó el pasado 22 de octubre, para iniciar una investigación sobre la detención de un encargado de un anexo por presunto homicidio; mientras que un día antes comenzaron otra por el asesinato de un interno en Hueyotlipan.

Otro de los eventos más recientes ocurrió en la capital poblana el pasado 27 de abril, en la que su promovente narra que encerraron a su amigo, Fortino Ramos Ramos, en un anexo en contra de voluntad, en el que es víctima de presuntos actos de tortura, por lo que pidió su intervención.

También el 22 de marzo pasado recibieron de Izúcar de Matamoros una queja, en la que su promovente asegura que Policías Municipales de Tepexco detuvieron a su hijo, pese a que no cometió ninguna falta administrativa, por lo que lo trasladaron hacía un centro de rehabilitación, sin su consentimiento.

Destaca que otra de las quejas se dio el 22 de marzo pasado, sin detallar en cuál municipio se inició, pero el promovente denunció que en un centro de rehabilitación agreden de forma física a los pacientes. El 6 de abril de este año se concluyó el procedimiento, debido a que no lo ratificaron.