Un Juez Penal ordenó restituir en favor del nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, el inmueble donde se encuentra la Universidad de las Américas Puebla. Esta resolución se fundamentó en el derecho que tienen los ofendidos a ser restituido en sus bienes ante la comisión de un delito.

Recordemos que el 30 de abril de 2014, los integrantes de la familia Jenkins de Landa junto con los abogados Virgilio Rincón Salas, Carlos Román Hernández y Alejandro González Muñoz —hoy prófugos de la justicia-, celebraron un contrato por el que transmitieron ilegalmente todos los bienes de la Mary Street Jenkins, incluido el campus de la UDLAP, a favor de Fundación Bienestar de Filantropía, contrato de donación que ya fue declarado ilícito por una autoridad judicial, ya que solo sirvió como el medio para despojar a la Fundación Jenkins de sus bienes y lograr que la familia se apropiara de ellos.

Derivado de dicho hecho ilícito, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto, Juan Carlos, Margarita y María Elodia, todos de apellidos Jenkins de Landa, así como Virgilio Rincón Salas, Carlos Román Hernández y Alejandro González Muñoz, cuentan con órdenes de aprehensión por fraude y por lavado de dinero, libradas tanto por jueces locales como federales. En dichas carpetas, incluso, constan declaraciones de testigos protegidos en los que se delatan y prueban los actos que se llevaron a cabo para transferir activos de las fundaciones a paraísos fiscales

Con la medida dictada por la autoridad judicial, se protege el inmueble donde se encuentra el campus de la Universidad de las Américas Puebla y se garantiza que el mismo continúe utilizándose como sede de esta gran institución educativa para beneficio de los estudiantes, alejándose del conflicto por el que los hoy prófugos pretendían apropiarse de la misma.

Asimismo, con dicha medida se evita que el ex rector Luis Ernesto Derbez y sus cómplices, quienes desviaron de la Universidad cantidades millonarias y también cuentan con órdenes de aprehensión, regresen a ser parte de la administración de la Universidad.

Por último, es fundamental señalar que todas estas acciones legales responden a la intención clara, transparente y directa de recuperar el patrimonio que debe ser destinado en beneficio de los poblanos y que lamentablemente fue despojado y enviado a paraísos fiscales por la familia Jenkins de Landa y sus abogados.