El Consorcio Universitario, agrupación de instituciones de educación superior de carácter privado con la mayor matrícula de estudiantes en Puebla, reprobó el uso de la fuerza pública para ocupar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ubicada en San Andrés Cholula y solicitaron el establecimiento de mesas de diálogos para llegar a acuerdos en beneficios de docentes y comunidad universitaria.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales de las instituciones, el Tecnológico de Monterrey en Puebla, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), la Universidad Anáhuac de Puebla; y la Universidad Madero (Umad):

“Desde el Consorcio Universitario nos solidarizamos con la comunidad académica y estudiantil de la UDLAP. Reconocemos la importante trayectoria y la destaca contribución que han tenido en la educación de calidad en el país”.

“En las universidades de fomenta el diálogo como herramienta fundamental en la solución de conflictos, anteponiéndolo al uso de cualquier tipo de fuerza. Se debe evitar siempre cualquier acción que propicie un entorno de incertidumbre o perturbación a los estudiantes, colaboradores y profesores; y que atente de manera directa contra la estabilidad y el ejercicio del derecho a la educación superior”.

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE) manifestó su solidaridad con la comunidad universitaria y confió en una pronta solución al caso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP): “Como sector empresarial organizado de Puebla, llamamos a las partes involucradas a conducirse por la legalidad, para evitar que la UDLAP se vea afectada y con ella, los miles de estudiantes, maestros y personal administrativo que integran a esta prestigiosa institución”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), demandó que se respete el estado de Derecho en el caso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP): "La autoridad estatal debe procurar los acuerdos emitidos por la justicia federal y generar condiciones que fortalezcan el respeto a la ley".

Ante estas posiciones, el gobernador Miguel Barbosa respondió: "Ninguna de las partes está atentando contra la comunidad universitaria pero ya se metieron el CCE, la Coparmex, el Consorcio Universitario, que dejen que el Estado de Derecho se aplique por autoridades y no quieran influir con desplegados porque se consideran grupos de privilegio".

“El Estado de Derecho no distingue a los grupos de privilegio, en un Estado de Derecho solo se aplica la ley, ¿de acuerdo CCE?, ¿de acuerdo Coparmex?, ¿de acuerdo Consorcio?".