Familias y adictos desperados por el consumo de sustancias llegan a los anexos de Puebla a solicitar apoyo, detrás de sus puertas ocurren torturas, a la par que los privan de su libertad, según testimonios de los cercanos a las víctimas de tres quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.
Las misteriosas actividades que se realizan en los centros de rehabilitación contra las adicciones derivaron en el Gobierno de Puebla busque su regulación, así lo anunció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el pasado 15 de junio que se le cuestionó sobre el asesinato de un paciente en Tepeaca.
El último acontecimiento violento en los anexos de Puebla ocurrió el pasado 11 de junio que murió un chipaneco de un centro de rehabilitación en Tepeaca que trasladaron al Hospital General del municipio, a causa de una serie de heridas graves que recibió por diversos golpes con una tabla.
Otro de los hechos violentos en centros de rehabilitación de Puebla se dio el pasado 10 de mayo en San Andrés Cholula, cuando un grupo de internos atacaron a Abel N., cuidador del anexo, lo que provocó su muerte. El 5 de mayo de este año, sujetos armados asesinaron a un anexado de Tehuacán.
CDH recibe tres quejas contra anexos
Esas practicas violentas en contra de adictos de Puebla provocó que la CDH local tengan en su poder tres quejas en el primer cuatrimestre de este año, en las que los cercanos a las víctimas denuncian que la Policía Municipal se lo llevaron en contra de su voluntad, casos de tortura y actos privativos de la libertad.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, la CDH informa que la queja más reciente se presentó en la capital poblana el pasado 27 de abril, en la que su promovente narra que encerraron a su amigo, Fortino Ramos Ramos, en un anexo en contra de voluntad, en el que es víctima de actos de tortura.
También el 22 de marzo pasado recibieron de Izúcar de Matamoros una queja, en la que su promovente asegura que Policías Municipales de Tepexco detuvieron a su hijo, pese a que no cometió ninguna falta administrativa, por lo que lo trasladaron hacía un centro de rehabilitación, sin su consentimiento.
Destaca que otra de las quejas se dio el 22 de marzo pasado, sin detallarse en cuál municipio se inició, pero el promovente denunció que en un centro de rehabilitación agreden de forma física a los pacientes. El 6 de abril de este año se concluyó el procedimiento, debido a que no lo ratificaron.
