La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió al Consejo Nacional de la Tortilla y agrupaciones estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla no llamar a un aumento en el precio del kilo de tortilla. Hacerlo, aseguró, sería la imposición de prácticas monopólicas que podrían traducirse en sanciones como multas y hasta 10 años de cárcel.

“Los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir cuando exista (o si es que existe) un aumento en el precio de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de aumentar o no el precio de la tortilla debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de manera coordinada con sus agremiados implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”, aseguró la dependencia en un comunicado.

La Cofece previno a diversas asociaciones de tortilleros a través de advertencias de las consecuencias de un posible aumento de precios producto de un acuerdo entre competidores, pes los costos deben ser una determinación individual.

La Autoridad Investigadora de la Cofece podría iniciar una investigación “si encontrara indicios de acuerdos entre competidores para manipular precios”, señaló el documento.

El Consejo Nacional de la Tortilla estaría organizando un “aumento consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla”. Lo que significa la manipulación del precio de este producto.

“Exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios, así como a fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual, conforme a sus estrategias de negocio, hecho obligado en un entorno de precios libres”, continuó.

La coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios son prácticas monopólicas absolutas que pueden ser sujetas, entre otras sanciones, a multas del 10 por ciento de los ingresos de cada agente económico y hasta la responsabilidad penal de las personas físicas participantes con un plazo de cinco hasta 10 años de prisión y el pago de una multa de mil a 10 mil UMAs.

“En caso de haber participado en acuerdos contrarios a la LFCE, pueden adherirse al Programa de Inmunidad, mediante el cual obtendrían, a cambio de su total y plena colaboración, una reducción de las sanciones aplicables, incluida la responsabilidad penal”, propuso la Cofece.

El 12 de noviembre las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informaron que no existen elementos de abasto o presiones inflacionarias en los eslabones de la cadena productiva que justifiquen incremento alguno en el precio de la tortilla.