La queja que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDH) en Puebla inició de oficio en contra de Jaime Calderón Vázquez, titular del Instituto Registral y Catastral (IRCEP), por presuntos actos de acoso hacia personal del área, carece de sustento jurídico.

Es a partir de este jueves que el organismo puede tener injerencia, no antes, en los conflictos entre autoridades o servidores públicos, luego de que se publicara en el Periódico Oficial del Estado (POE) el acuerdo del Consejo Consultivo de la CDH que rompe este candado.

Fue el 10 de septiembre que la CDH informó de la queja de oficio (expediente 3700/2020) iniciada en contra de Calderón Vázquez, derivada “de las publicaciones en diferentes medios de comunicación donde se presume que personal del Instituto de Catastro del Estado de Puebla…, vulneró los derechos humanos de mujeres”.

Sin embargo, fue hasta el 15 de septiembre que se publicó el acuerdo que establece la derogación de la fracción VIII del artículo 105 del Reglamento Interno de la CDH, que le quitaba competencia en este tipo de conflictos.

“El presente Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, este jueves 17 de septiembre.

Calderón Vázquez es señalado de acosar a empleadas del IRCEP, de acuerdo con relatos públicos de las presuntas afectadas, además de que varias han sido despedidas sin justificación. Las denuncias han llegado hasta al Fiscalía General del Estado.