Tras acreditar violencia política de género, el Instituto Electoral del Estado (IEE), ordenó medidas cautelares a Alejandra Rubio Acle, titular de la secretaría de Movilidad con licencia, por los agravios cometidos en su contra por parte de los regidores de Morena, Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta.

Dentro de la resolución aprobada por unanimidad, la comisión permanente de quejas y denuncias, en sesión extraordinaria, solicitó retirar de los sitios de internet (redes sociales y Facebook), las publicaciones que fueron materia de la presente determinación.

Pero también abstenerse de realizar, nuevas, similares o idénticas, las cuales corren debidamente certificadas en acta circunstanciada de fecha 19 de febrero de 2020, cuyo contenido obra en inserto al cuerpo de la presente resolución.

Lo anterior deben realizarlo en un término que no podrá exceder las 48 horas contadas a partir de la legal notificación de la presente resolución, y deberán hacer del conocimiento de dicha autoridad su cumplimiento mediante escrito al que acompañen identificación oficial.

En caso de no dar acatar lo ordenado en la presente, esta autoridad llevará a cabo las acciones necesarias en su rebeldía y dará vista al consejo general del IEE.

De acuerdo con el expediente SE/ORD/ARA/004/2020, detalla que el IEE estimó necesario, razonable y proporcional, dictar medidas cautelares bajo la vertiente de tutela preventiva,  a fin de otorgar una verdadera protección y garantía de los valores, principios y derechos que están en juego y evitar la repetición o continuación de actos que pudieran ser lesivos de estos, en estricto apego a lo dispuesto en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres y la guía para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el estado de Puebla.

En este sentido, las autoridades electorales deben actuar conforme al estándar de la debida diligencia y hacer todo lo conducente de manera conjunta entre instituciones para prevenir, investigar, sancionar, y reparar la violencia política contra la mujer.

Ambos regidores acusaron a la funcionaria de haber otorgado a su esposo contratos y hacer negocio en la colocación de bolardos, sin embargo, en todas sus declaraciones no mostraron las pruebas o recurrieron a denunciarla, aspecto que sí emprendió Rubio Acle.

Fuente: Síntesis