Más de 4 mil 300 millones de pesos –casi el equivalente a un año completo del presupuesto de Puebla capital– no están justificados ni comprobados por el gobierno de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pues hizo 2 mil 211 contratos cuyo sustento jurídico está literalmente desaparecido; el monto y las anomalías que heredó la anterior alcaldesa “comprometen la continuidad de toda la función municipal y ha generado un impacto trascendental”.

Esa cifra representa también la tercera parte de los 14 mil millones de pesos que ejerció la expresidenta municipal del 15 de octubre de 2018 al 14 de octubre de 2021.

El “Punto de Acuerdo por el que se determina la remisión a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, del acuerdo final que concluye el procedimiento de entrega-recepción”, que fue presentado la semana pasada ante el cabildo, da cuenta de que, sobre el caudaloso número de irregularidades y monto económico, la administración saliente “no entregó y/o transfirió documentación justificativa y comprobatoria, principalmente en materia de adquisiciones”.

“Si bien, se advierte la celebración de 2,211 Contratos en materia de adquisiciones de bienes y servicios durante la Administración Municipal Saliente, por un monto total de $4,345,307,690.64 (cuatro mil trescientos cuarenta y cinco millones, trescientos siete mil seiscientos noventa pesos 64/100), la Comisión Saliente, no llevó a cabo la entrega y/o transmisión a la Comisión Entrante, de documentos justificativa y comprobatoria relativa a la debida Planeación, Programación, PRESUPUESTACIÓN, Licitación, Contratación, y Ejecución de los citados Contratos Administrativos”, detalla el documento al que Crónica Puebla tuvo acceso.

Este monto, advierte el documento, “ha comprometido la continuidad de toda la función municipal y ha generado un impacto trascendental”, que deja una ausencia de “certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal”.

SANCIONES PENALES

La actual administración ha denunciado que el gobierno de Rivera Vivanco dejó un caudal de anomalías, que se reflejaron en 2 mil 86 observaciones a los documentos fiscales, bancarios, actas y demás, que el gobierno saliente presentó, como parte del procedimiento de entrega-recepción.

De esa cantidad de irregularidades, luego de su revisión, 88.1% sigue en la opacidad, por lo que el Punto de Acuerdo propone que sean reportadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que se apliquen y promuevan las sanciones que correspondan, no solamente administrativas, sino incluso penales.

El documento establece que, durante la gestión anterior, que fue del 15 de octubre de 2018 al 14 de octubre de 2021, el gobierno vivanquista ejerció recursos públicos por más de 14 mil millones de pesos, “sin que, en el Acto de Entrega Recepción, se llevara a cabo la entrega de la documentación e información que sustente la aplicación de éstos, por parte de quienes tenían a su cargo su erogación”.

Se trata de un presupuesto total en el Ejercicio Fiscal 2019, por $5,048,132,400.00; en 2020, de 5,290,008,877.00 pesos; y en el Ejercicio Fiscal 2021, de 4,132,283,594.00 pesos.

El boquete de erogaciones no solventadas en su comprobación y justificación, en total de toda la gestión, es de más de 4 mil 300 millones de pesos.

EL PROCEDIMIENTO

El documento hace memoria de que, “con fecha 24 de noviembre de 2021, la Comisión Entrante de Entrega-Recepción, emitió el oficio CEER-001/2021 así como su Dictamen adjunto, en el que se realizaron 2086 (dos mil ochenta y seis) observaciones a la Comisión de Entrega-Recepción Saliente, el cual le fue notificado a la Comisión Saliente de Entrega-Recepción en fecha 29 (veintinueve) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno)”.

Sin embargo, hubo una muy deficiente respuesta y aclaraciones:

“Que, con fecha 06 (seis) de enero de 2022 (dos mil veintidós), la Comisión Saliente de Entrega-Recepción  compareció ante la Comisión Entrante de Entrega-Recepción, a fin de presentar las aclaraciones a las observaciones realizadas, lo cual consta en dos carpetas foliadas del 1 al 1396, una carpeta de evidencias EVIDENCIA_TM_01 y dos CD-DVD, los cuales contenían información para solventar las observaciones realizadas”.

En las conclusiones, especifica:

“Esto es, de las 2086 (dos mil ochenta y seis) observaciones llevadas a cabo en el Dictamen emitido por esta Comisión Entrante, solamente se solventaron por parte de la Comisión Saliente un total de 249 (doscientas cuarenta y nueve) observaciones, esto es, el 11.9%”, se lee en el documento.

El dictamen que fue presentado al cabildo advierte que, por el enorme monto de incumplimientos, habrá  sanciones incluso penales:

“Lo que constituye PER SE, un incumplimiento al Acto de Entrega – Recepción, de inicio, por parte de quienes formaron parte de la Comisión Saliente; conducta que podría ser motivo de las sanciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las demás disposiciones aplicables en la materia, determinen; sin perjuicio de la determinación de responsabilidades de tipo penal o civil que señalen otros ordenamientos legales  aplicables”.

Queda también denunciado que las anomalías de la gestión de Rivera Vivanco “ha generado un impacto trascendental en el ejercicio de las funciones públicas municipales para el inicio de la administración municipal 2021–2024”.

Este impacto se configura porque “(i) Se ha impedido a la administración municipal entrante, tener certeza sobre el estado que guarda la Administración Pública actualmente; (ii) Se ha comprometido la continuidad de toda la función municipal, la prestación de los servicios públicos y el inicio de la gestión municipal entrante; (iii) No se documentó, la transmisión del patrimonio público municipal; y; (iv) No se brindó certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal…”

Claudia Rivera Vivanco gobernó el municipio de Puebla entre 2018 y 2021 y, aunque se postuló a la elección consecutiva, fue abrumadoramente derrotada por el aliancista Eduardo Rivera Pérez.

Fuente: Crónica