Obligar a que los asesores fiscales, como abogados y contadores, informen al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre planeaciones fiscales que estén elaborando sus clientes, como se propone en el Paquete Económico para el 2020, viola el secreto profesional, expuso Rafael Ramírez, exresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
“La medida viola el secreto profesional (... ) el SAT en esta parte se está volviendo como un inquisidor”, aseveró el experto durante su participación en el Foro IDC Retos de la Autorregulación Empresarial.
Los cambios que propone el gobierno son a través de la incorporación, al Código Fiscal de la Federación, el Título Sexto de la Revelación de Esquemas Reportables.
Las planeaciones se consideran esquemas reportables, porque pueden generar, de manera directa o indirecta, la obtención de un beneficio fiscal.
Al ser informada la autoridad fiscal sobre las estrategias y asesorías de la planeación fiscal, ésta evaluará si se deben hacer o no auditorías sobre el contribuyente.
Al respecto, Rafael Ramírez insistió en que las planeaciones fiscales no son, por ende, un tipo de defraudación fiscal, sino más bien se busca conseguir beneficios conforme al cumplimiento de la ley.
Sin embargo, no descartó que algunas sean planeaciones fiscales agresivas cuyo fin sí sea defraudar al fisco.
Precisó que de ser aprobada la modificación para que la defraudación fiscal sea equiparada con la delincuencia organizada, los asesores fiscales podrían caer en la prisión preventiva oficiosa al ser investigados.
Por la mañana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó un documento en el que planteó la importancia de que el fisco recaude sin perseguir a los contribuyentes.
“En Coparmex, creemos que sí es posible recaudar sin que sea necesario tener una política fiscal persecutoria (...) juntos podemos construir un sistema tributario moderno, funcional y sumamente recaudatorio, pero que a su vez sea justo, equilibrado y garante del cumplimiento de nuestra ley; un sistema tributario que nos ayude a continuar los esfuerzos de transformación de nuestro país y a impulsar el conjunto de nuestra economía”, indicó el organismo empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos Walther.
“Ahora el SAT —reconvertido en una especie de juzgado— podrá calificar la estrategia como positiva o declararla ilegal, en un proceso que puede prolongarse hasta los ocho meses. En el segundo caso y una vez notificado por el asesor, el cliente podrá recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa para intentar impugnar la decisión, volviendo el procedimiento profundamente burocrático y peligrosamente invasivo”, aseveró la Coparmex.
El organismo empresarial destacó que entiende que la autoridad busque reducir las pérdidas millonarias que provocan delitos como la evasión y la elusión fiscal, ya que son recursos perdidos que se podrían destinar al gasto social, o bien, a la inversión productiva.
“En la última década la lucha contra la evasión fiscal ha permitido que lo dejado de recaudar sobre el valor de la economía se haya reducido. El actual gobierno federal ha decidido continuar estos esfuerzos, con especial énfasis en identificar el uso de facturas falsas para poder elevar la recaudación fiscal y, con ello, obtener un mayor margen de maniobra en el ejercicio del gasto público”.
Fuente: El Economista
