Trabajadores del gobierno del estado –o personas ligadas a este-, ex consejeros electorales, empresarios, académicos, simpatizantes del PAN y PRI, connotados militantes de El Yunque y hasta un ex rector de la BUAP y otro de la UPAEP, figuran en la lista de 25 finalistas para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en un proceso que ha dejado ya muy serias dudas -y hasta potenciales conflictos de interés-.
O cómo explicar que la sobrina (Lorena Migoya Mastretta) de uno de los miembros de la Comisión de Selección (el muy respetable Jesús Migoya Junco) haya sobrevivido al último corte (eran 51 los aspirantes) y se perfile para ser electa para el órgano que supuestamente va a perseguir a las lacras que suelen saquear a Puebla sexenio tras sexenio, trienio tras trienio.
¿No es acaso una contradicción y una obvia incongruencia que se esté tomando en cuenta a familiares de quienes van a decidir quién se queda y quién se va?
¿Así pretende construir credibilidad el SEA?
¿Es en serio?
Tal vez por eso nadie deberá extrañarse si en los próximos días algunos de los representantes de la sociedad civil que fueron “rasurados” sin ninguna explicación de la lista de 51, impugnen por la vía legal lo que hoy parece al menos muy confuso en torno a la conformación de un sistema que sin duda resultará indispensable para la salud del estado, pero siempre y cuando cumpla con los fines para los que ha sido creado y no como comparsa de los factores de poder.
Hay mucha inconformidad porque aspirantes con trayectoria, experiencia, capacidad y probada honestidad, han quedado fuera de toda posibilidad para privilegiar en su lugar a personajes sembrados por los grupos que ya se disputan el control del Sistema Estatal Anticorrupción.
Para los conocedores de las entrañas del proceso de selección ha quedado claro que lo que se busca es pagar facturas o compromisos políticos e impedir la ciudadanización del SEA, como ha sucedido con el Instituto Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, entre otros organismos que son clave para la vida política de la entidad.
A la final llegaron personajes como los ex consejeros electorales Fidencio Aguilar Viquez, Mario Iglesias y García Teruel, José Manuel Rodoreda Artasánchez –todos ellos con conocidos vínculos con la derecha poblana- y Alejandro Necoechea Gómez, ex presidente del IEE.
También el ex rector de la BUAP José Doger Corte; Karen Berlanga Valdés, ex gerente estatal de Liconsa, y hasta los polémicos José Ojeda Bustamante (ex rector de la Universidad del Desarrollo) y Francisco Javier de la Fuente Linares, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el sexenio de Melquiades Morales Flores, cuando protagonizó varios escándalos.
De la misma forma varios personajes muy cercanos al gobierno estatal, como la ex coordinadora de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, María del Carmen Leyba Barthory, y Catalina Aguilar Oropeza, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos y ex funcionaria de la Secretaría General de Gobierno.
En estos momentos pareciera que los que van a ser, ya lo saben, y que sólo se busca cumplir los tiempos y las formas para designar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Incluso, en el Congreso del estado ya se manejan nombres de los elegidos y se afirma que el régimen cederá una o hasta dos posiciones para “democratizar” y “legitimar” el proceso, pero nunca soltará la mayoría.
Forman parte del Comité de Selección personajes socialmente muy respetados como los rectores de la BUAP, UMAD y Anáhuac, Alfonso Esparza Ortiz, Job César Romero y José Mata Temoltzin, respectivamente; el abogado Carlos Palafox Galeana; el ex presidente del Colegio de Contadores, Gustavo Rosas Goiz, y el presidente de Coparmex, José Antonio Quintana Gómez, además del citado Jesús Migoya Junco, quien por cierto también es presidente del Comité Ciudadano de Seguridad y Justicia.
Ellos están ante el gran reto de que el parto del Sistema Estatal Anticorrupción sea lo más pulcro posible.
Un error podría costarles muy caro.
Y es que, hoy más que nunca, la sociedad los está observando.