En términos marciales, las batallas contra las bandas de robo de combustible que libran los gobiernos estatal y federal han ido ganando contundentemente terreno a los huachicoleros, tomando sus plazas, socavado sus operaciones y –también- comenzando a descabezar a las células criminales. El “parte de guerra” es positivo y, luego de una arreciada tormenta de días en que este ilícito parecía imbatible, la estrategia que implementó el gobierno de Tony Gali, en coordinación con las autoridades federales, tiene ya resultados tangibles, cuantificables y crecientes. Las fuerzas de seguridad avanzan y los delincuentes se repliegan o cambian de región, a la vez que se ha conseguido minar su capacidad de fuego y de acción.
También se ha logrado inhibir el delito: hoy es mucho más riesgoso y menos redituable meterse a chupaductos, al trasiego y a la venta de combustible robado.
Las cifras son contundentes.
De enero a junio de este 2017 se han decomisado 2 millones 649 mil 967 litros de hidrocarburo, en operativos de las fuerzas municipales, estatales y federales, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La mayor cantidad ha sido responsabilidad directa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal: un millón 511 mil 595 litros.
Se han asegurado, en operativos conjuntos y sumados de las corporaciones, mil 470 vehículos; y se ha detenido a 447 presuntos responsables de este ilícito.
Como consecuencia de este avance de las fuerzas de seguridad y el debilitamiento de las filas criminales, el huachicol ha aumentado de precio, de 7 a 12 pesos por litro, en promedio.
Esto es producto de un fenómeno económico natural, leyes de mercado, de oferta y demanda, al que no puede sustraerse ni siquiera el mercado negro.
Con los resultados de los operativos de seguridad, se ha conseguido la reducción de tomas clandestinas en más de 50 por ciento.
De 125 que se detectaron en el último mes de la anterior administración, enero de 2017, a apenas 59 al cierre de abril.
Además, las cifras oficiales dan cuenta de 406 aseguradas por Pemex.
Ante estas cifras, no es raro que José González Anaya, director de la paraestatal, haya reconocido en su pasada visita del 9 de junio a Puebla la disposición del gobierno estatal para “coordinar esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), para colocar a nuestra entidad como líder nacional en decomisos.
Por esto ha bajado la extracción. Ahora existe un mayor riesgo y menor rentabilidad para las bandas huachicoleras.
A esto se suma que, por miedo, riesgo o responsabilidad, también ha bajado el número de consumidores.
La estrategia de los gobiernos estatal y federal además busca pegar a los grandes compradores y vendedores, y no solamente se concentra en los minoristas de los tianguis, de las refaccionarías, los de a pie de carretera, quienes son en realidad el último y más débil eslabón de la cadena criminal.
Es ahí en donde están dando también resultados las acciones de Pemex y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que está detectando inmersos en esta cadena ilegal a constructores, transportistas, grandes productores agropecuarios, mineros, gasolineros.
Muy lejos de conformarse con los resultados e instalarse en una zona de confort, el gobierno del estado coordina con las fuerzas federales y Pemex más operativos.
También mayores y más profundas investigaciones fiscales.
En esta guerra se han ganado ya varias batallas.
Sí, pero ahora la meta es abatir, anular completamente, a estos delincuentes.
Esto no se ha terminado, de ninguna manera.
Falta muchísimo, pero por lo menos el parte de guerra está hoy a favor de la estrategia estatal y federal, y en contra de los huachicoleros.
Esos, a los que ya se les empieza a acabar el tiempo.