El gobernador Tony Gali Fayad lleva más de una semana encabezando personalmente la contraofensiva para frenar la campaña negra organizada en torno a la falsa, inexistente privatización del agua en el estado de Puebla.
No ha dejado de hacer llamadas y varias veces se ha reunido con presidentes municipales, a quienes ha explicado con todo detalle la verdadera interpretación de la famosa reforma al artículo 12 de la Constitución Política local, mediante la cual se elevó a derecho humano fundamental este servicio.
Con información ha combatido la desinformación generada por personajes de la calaña del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien, como se sabe, aprovechó los vacíos y convirtió el tema del agua en bandera electoral y en plataforma de protagonismo y de posicionamiento de cara a los comicios de 2018.
Sí, Tony Gali ha tenido que tomar el “toro por los cuernos” y meterse de lleno a operar para revertir los daños, pero muchos, en el círculo de poder, no dejan de preguntarse si era necesario que él iniciara y personalmente encabezara la contraofensiva para parar lo que empezó como una pequeña bola de nieve y terminó en avalancha política, social, jurídica y mediática.
Es decir, ¿por qué el Congreso del estado no hizo su tarea y salió en tiempo y forma a explicar y defender la reforma que ha causado tanta controversia y tantos –e innecesarios- dolores de cabeza?
¿Qué le pasó al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara, Jorge Aguilar Chedraui?
¿Por qué hizo como que “la virgen le hablaba” y prefirió hacerse a un lado, escurrir el bulto y guardar silencio ante las embestidas de quienes vieron en un asunto tan sensible como el agua, la oportunidad de golpear a la naciente administración estatal y de lucrar electoralmente?
¿Acaso no tendrían que haber sido los mismos diputados que aprobaron la reforma, los obligados a dar la cara y desplegar una amplia estrategia de comunicación para cerrar el paso a los rumores, a las verdades a medias y a las mentiras completas?
¿Por qué se dejó crecer el problema y por qué no se actuó rápida y decididamente para cortar de raíz la falsa polémica?
¿Por qué se trasladó en automático –o endosó- la responsabilidad de la defensa, a funcionarios del gobierno estatal, como el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, o el jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano?
De hecho fue hasta este miércoles que el diputado del PAN Jorge Aguilar Chedraui se acordó del tema y salió a informar a los medios que con el fin de dejar sin efecto las controversias que han presentado al menos 13 municipios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del estado corregirá la famosa reforma al artículo 12 de la Constitución local –claro, lo hizo después de que Tony Gali lo adelantó a un grupo de 20 alcaldes durante una reunión convocada por el coordinador general de Vinculación Interinstitucional y Atención Ciudadana del gobierno estatal, Fernando Morales Martínez-.
¿Por qué la lentitud?
¿Por qué hasta ahora sale el influyente legislador a descubrir el hilo negro: ¡que MORENA está detrás de la guerra de descalificaciones so pretexto una privatización que no es!?
¿Acaso nunca se enteró del conflicto y de cómo este iba creciendo en los municipios?
¿Tampoco del golpeteo de personajes oscuros como “El J.J.”?
No es extraño, por eso, que entre funcionarios muy cercanos a Casa Puebla se pregunten si la actitud del líder del Congreso estatal fue un descuido –motivado, tal vez, por su soberbia o su ya conocida falta de reflejos- o una situación deliberada para dejar correr el primer gran problema de la administración que inició en febrero pasado.
Sea una cosa o la otra, es igualmente grave.
Sea por omisión o por comisión.
Por una razón u otra, sigue sin sentirse el apoyo del poder Legislativo hacia el poder Ejecutivo, a diferencia de lo que sucedía con el gobierno de Rafael Moreno Valle, ante quien no había titubeos, ni retardos, a la hora de mostrar el músculo.
De ahí que, en términos reales y concretos, persistan las dudas sobre Aguilar Chedraui y sus lealtades.
Más allá de los juramentos de amor eterno.
(Bueno, amor de 22 meses).