Crece –y adquiere nuevos matices y enfoques- el bochornoso y muy polémico caso de los 73 panistas poblanos en proceso de expulsión por apoyar a la candidata “independiente” Ana Teresa Aranda Orozco en la elección para gobernador (a) de 2016, en una clara violación a los estatutos de Acción Nacional que hoy, ante las evidencias de su traición, muchos militantes confesos de la organización de derecha El Yunque prefieren denunciar como una “cacería de brujas” de la dirigencia estatal en lugar de asumir las consecuencias de sus actos.
A la fecha, tres de esos 73 panistas marcados con el sello de la deslealtad han rechazado haber sido desleales al PAN y de las palabras han pasado a los hechos presentado denuncias por falsificación de firmas contra la propia Aranda Orozco ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Fue a inicios del pasado mes de febrero, tras ser notificados por el PAN del inicio del proceso de expulsión, cuando Martha Patricia Thomé Andrade, José Enrique Guerrero Romero y Dolores Aquino Aquino acudieron a la FEPADE para interponer una querella basada en el uso ilegal de documentos públicos electorales.
Y es que los tres niegan haber signado una cédula de apoyo ciudadano a favor de la ex panista Ana Teresa Aranda.
Dice literalmente, por ejemplo, Thomé Andrade en el cuerpo de la denuncia que presentó el pasado 10 de febrero:
“Con fecha 2 de diciembre de 2016, bajo el expediente 2/2016 fui notificada del inicio de un procedimiento de expulsión como militante del Partido Acción Nacional ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal, por iniciativa del Presidente del Comité Directivo Estatal, esto en virtud de que aseguran firmé en apoyo a la candidatura de la C. Ana Teresa Aranda Orozco, y por tanto estaría incurriendo en faltas a los Estatutos del partido, firma que desconozco plenamente pues en ningún momento firmé para que la hoy denunciada consiguiera su candidatura, así como tampoco autoricé la utilización de los datos contenidos en mi credencial para votar”.
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Como Guerrero Romero y Aquino Aquino, Martha Patricia Thomé aportó a la FEPADE copia certificada de la cédula “fantasma”, que el Instituto Electoral del Estado (IEE) le proporcionó previa solicitud ante la Unidad de Transparencia del organismo.
Fuentes informadas aseguran que el de estos tres panistas podrían no ser los únicos casos de falsificación de firmas y uso indebido y alteración de documentos públicos electorales. De hecho, entre los 73, hay otros que afirman haber votado por el candidato de la alianza encabezada por el PAN, el hoy gobernador Tony Gali Fayad, pero que misteriosamente aparecieron en las cédulas que Ana Tere entregó al IEE para reunir el número suficiente de firmas que exige la ley para los aspirantes a una candidatura “independiente”.
El espinoso tema ya está en la Fiscalía Especializada de la PGR, que deberá investigar el caso y, en su momento, ejercer la acción penal persecutoria en contra de quien o quienes resulten responsables.