El llamado “Triángulo Rojo” de Puebla se ha convertido ya en una comarca aislada, peligrosa y delictiva, marcada por la corrupción de los cuerpos de seguridad y del personal de Pemex, así como por la complicidad de poblaciones enteras, en la que con total impunidad operan las bandas de huachicoleros. Es un paraíso para ellos y un infierno de ingobernabilidad que puede desbordarse a otras regiones del estado.
Casi no hay un solo día en el que no se conozca el derrame de ductos por tomas clandestinas, enfrentamientos y quema de cultivos.
Cotidianamente surgen enfrentamientos entre los chupaductos y el Ejército o elementos de las policías municipales y estatal -muchos no reportados-, en los que los delincuentes usan armamento de grueso calibre.
Lo peor es que la sofisticación con la que operan en las comunidades que controlan, tiene el respaldo de los pobladores, a quienes pagan para ser sus vigías y escudos y los benefician del dinero del robo de combustible de los ductos de Pemex.
Son sus “halcones”.
De acuerdo con autoridades municipales de la región, los huachicoleros han corrompido ya a la mayoría de los cuerpos de seguridad.
La versión señala que el pago por hora, para operar libremente y extraer a placer el combustible de los ductos que atraviesan campos de cultivo, es de 70 mil pesos.
Se hace a plena luz del sol, a cualquier hora.
“Todo lo que puedas sacar en una hora, ese es el pago” a agentes corruptos.
No se explica que pudiera ser de otro modo.
El pago garantiza también la impunidad para mantener bodegas que son “públicamente conocidas”.
Un delito que en paralelo se ha incrementado, es el robo de camionetas a los productores de esta región fértil en el cultivo de hortalizas.
Ocurre con la misma intensidad en comunidades de Tecamachalco, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac, San Matías Tlalancaleca, Francisco Z. Mena, Acajete, Tepeyahualco y Tochtepec.
El mayor desgobierno y gravedad delincuencial está en Palmar de Bravo y Quecholac.
De este último municipio, es la comunidad de Palmarito Tochapan, la que más subrayadamente está convertida en tierra de nadie…
O mejor dicho: en tierra, paraíso, del huachicol.
Las camionetas, viejas y desvencijadas, se usan para transportar el combustible mal habido y, si hay operativo, algunos simulados y otros reales de agentes que no se han corrompido, simplemente las queman.
Por miedo no hay denuncias de los dueños.
A veces, sólo a veces, nos dice la fuente, “les avientan ahí algunos billetes. Igual ocurre por los cultivos quemados”.
El “Triángulo Rojo” es como una zona de guerra. Prácticamente hay que cruzar las comunidades más peligrosas con salvoconducto de facto de las bandas.
Los habitantes de esas comunidades, principalmente en Quecholac y Palmar de Bravo, reciben pagos directos de entre 500 mil a 2 mil pesos, por ayudarlos a obstaculizar los operativos.
Pero además del pago directo, las comunidades se benefician y también gozan el dinero del huachicol.
Los chupaductos pagan bailes con abundante alcohol, financian reparaciones en casas, pagan obras mínimas en comunidades y hasta patrocinan equipos deportivos.
Ocurre como con los narcos en poblaciones del norte del país. Son los benefactores de las comunidades.
Muchos jóvenes en estas poblaciones se han convertido en centinelas –halcones- que anuncian la llegada de los operativos de seguridad, los reales.
Con el pitazo, los pobladores se ponen en alerta y literalmente se convierten en “guardias del huachicol”.
Evitan decomiso de combustible, de vehículos, y las aprehensiones.
En videos en los que se ve a los pobladores enfrentando a pedradas a militares o policías y desarmándolos, se escucha que gritan en medio del zafarrancho: “gracias a ellos no hay robos”.
La mayor descomposición se vive actualmente en el municipio de Palmar de Bravo, en donde ya de plano no pueden entrar ni la policía ni el Ejército.
El 29 de octubre de 2015, soldados fueron desarmados y golpeados.
Luego, el 20 de enero de este año, también en Palmar, huachicoleros se enfrentaron a militares.
A esto hay que sumar que, en febrero de este 2016, un convoy de militares fue expulsado de la comunidad de Palmarito, en donde intentaban un operativo.
Lo mismo ocurrió el pasado 1 de noviembre.
El pasado 19 de septiembre, los “guardias del huachicol” retuvieron a policías municipales y quemaron una camioneta oficial, en la junta auxiliar de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec.
Hay muchos incidentes.
Los defensores de los chupaductos se han dado el lujo de presumir su “bravura” y “logros” en los canales de Youtube “Gasolina Huachicoleros” y “Solo Palmaros”.
Si hacemos caso a lo que dijo con candidez el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su pasada visita a Puebla, en el sentido de que se debe apostar a la denuncia ciudadana, estamos perdidos.
El problema es ya un cáncer gravísimo.
Es una metástasis delictiva en toda esa región.
Es tiempo de medidas extremas.