En el horizonte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) existe ya un planteamiento específico, un Plan B, en caso de que, como muestran los sondeos de opinión, reciban en las urnas y en el voto a voto, una derrota. Sí, es previsible que los priístas buscarían la judicialización del proceso comicial de la minigubernatura de Puebla y, en ese esfuerzo, la meta sería conseguir la anulación de la elección, reventarla.
Sin embargo, la estrategia del tricolor, en caso de llegar a las instancias judiciales, es el litigio directo y aguerrido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde alegaría elementos para la “causal de nulidad abstracta”.
Con esa maniobra, además llevarían el jaloneo jurídico al terreno federal, en donde se ven con más opciones de éxito, quitándose del paso a las autoridades locales de Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Los priístas bien conocen este procedimiento y alegato, pues ellos mismos fueron víctimas de esa causal en el año 2000, cuando se anuló, bajo esta figura, la elección de Tabasco, ante un cúmulo -allá sí- comprobado de violaciones graves que superaban las causales de anulación expresa e integraban un escenario inconstitucional en el proceso y en el conteo de votos: parcialidad del árbitro de la contienda, inequidad en el acceso a medios de comunicación, apertura de paquetes electorales en varios distritos sin justificación, acciones de compra y coacción del voto, e incluso el hallazgo de material electoral apócrifo.
De acuerdo con especialistas en derecho electoral, la causal de nulidad abstracta no está contemplada en la justicia electoral local, en las entidades, pero en cambio sí puede ser aplicada por resolución del TEPJF en los procesos estatales.
La idea es plantear una avalancha de señalamientos de “irregularidades graves”, igual que pasó en Tabasco en 2000, para que la autoridad electoral federal soslaye las causales expresas de nulidad de una elección, contempladas en el marco jurídico de Puebla y federal, y dé paso a esa causal, que también intentó sin éxito utilizar el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, para defender su supuesto triunfo en la elección presidencial de 2006.
Los priístas tienen claro que, de ser derrotados en las urnas, como anuncian las encuestas, la vía para continuar una terca batalla será el TEPJF y la más compleja y elaborada guía para conseguirlo, será acogerse a la nulidad abstracta.
Basta ver la construcción del discurso del PRI de los últimos días, para advertir lo que podría venir para Puebla.
El presidente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que su partido “no busca judicializar los procesos electorales, pero está preparado para documentar y argumentar sobre las irregularidades de los adversarios y activar los medios de impugnación necesarios ante las instituciones, en el marco de la ley, y no en los medios de comunicación como hacen otras fuerzas políticas”.
Es decir, no quiere, pero tiene los expedientes listos; no lo desea, pero sí lo haría y está preparado, es en resumen el contenido de esta declaración con tufo de amenaza. Una amenaza que habrá que tomarse en serio dada la gran influencia que Beltrones tiene en la mayoría de los magistrados del TEPJF.
Del otro lado, de la casa de campaña del abanderado de la coalición “Sigamos Avanzando”, Tony Gali, también advierten con claridad de la ya, por tan advertida, estrategia que prepara el Revolucionario Institucional.
El coordinador de la campaña de Gali, el senador Javier Lozano Alarcón, lo dijo este lunes con todas sus letras: “con cualquier voto de más es suficiente, pero algo cómodo es (un triunfo) de 8 puntos, yo confío que sea de 2 dígitos. Seguramente para allá van, por eso no hay propuestas, sólo oyes lamentos. Sí están perfilando. Queremos que sea 50 por ciento de participación y queremos algo cómodo e inobjetable con todo y eso seguramente van a judicializarlo”.
El fantasma, la posibilidad, de que el proceso de Puebla termine en tribunales es cada vez más evidente y la causal de nulidad abstracta, como argumento ambiguo y desesperado, se perfila como la estrategia priísta.
¿O me equivoco?
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Tras dos años de silencio, Blanca Alcalá vino a enterarse del caso Chalchihuapan y, sobre todo, de la terrible muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo a consecuencia del operativo policiaco de desalojo en la autopista a Atlixco en julio de 2014.
Como senadora en funciones pudo pronunciarse públicamente al respecto pero no lo hizo; de hecho, nunca de los nuncas tocó el tema, mucho menos se atrevió a exponerlo, como era obligado, en la tribuna de la Cámara alta.
Todo este tiempo escondió la cabeza debajo de la tierra como avestruz e ignoró olímpicamente el asunto.
Pero este martes 10 de mayo, a unas semanas del 5 de junio, la candidata del PRI decidió recibir en su casa –no se sabe si la de 13 millones de pesos- a la madre de José Luis Tehuatlie, la señora Elia Tamayo, para comprometerse ante ella “a impulsar un programa que respete de manera cabal los derechos humanos en el estado” (sic).
De repente el tema -que ha sido objeto incluso de una severa recomendación de la CNDH- cobró importancia para la senadora con licencia.
El lucro con el dolor ajeno y peor: con un menor de edad muerto, es evidente por parte de la aspirante a gobernadora; lo mismo la burda manipulación de la que a lo largo de estos dos años ha sido objeto Elia Tamayo tanto por la perredista Roxana Luna y la “independiente” Ana Teresa Aranda como ahora por la priísta, quienes han hecho de la desgracia de esa familia, un botín político y electoral.
Seguramente, en honor la congruencia, en los próximos días Blanca Alcalá estará enviando a los medios de comunicación un boletín similar al de su encuentro con la mamá de José Luis Tehuatlie, pero ahora dando cuenta de una reunión con los familiares de Daniela Santiago Lozano, la menor de edad que lamentablemente perdió la vida debido a la negligencia del gobierno municipal que, en julio de 2009, encabezaba precisamente la ahora candidata del tricolor a la minigubernatura.
Daniela tenía seis años de edad cuando murió en el zócalo de la ciudad de Puebla, casi enfrente de la oficina que entonces ocupaba Blanca Alcalá en el Palacio Municipal, al ser literalmente aplastada por las gruesas ramas de un árbol que se vino abajo porque no fue podado en tiempo y forma por la Agencia Municipal de Protección al Medio Ambiente, dependencia del ayuntamiento capitalino que pudo haber incurrido en un acto criminal tan grave como el sucedido con José Luis Tehuatlie, desafortunada víctima de una serie de errores y omisiones por parte de la Policía Estatal.
Repito: en honor a la congruencia.
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Una especie de teléfono descompuesto entre los candidatos y sus representantes es lo que caracterizó sin duda alguna la negociación para el debate del Instituto Electoral del Estado que tendrá lugar este jueves a las 20:00 horas en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.
Y es que mucho se ha dicho –y ha sido incluso tema de sesudos análisis- que el IEE impuso la “Ley Mordaza” para evitar que durante dicho debate haya réplicas y contrarréplicas entre Tony Gali, Blanca Alcalá, Roxana Luna, Abraham Quiroz y Ana Teresa Aranda.
Tanto a Blanca Alcalá como a Roxana Luna se ha escuchado decir que el formato será “a modo” porque no habrá oportunidad de responder las alusiones directas que reciban por parte de otros candidatos, pero se equivocan o no están informadas pues sus enlaces en la mesa sí avalaron que hubiera réplica y contrarréplicas, y así lo firmaron en la minuta que se levantó de la reunión del pasado 29 de abril.
Como se ve, los representantes de Blanca Alcalá (Víctor Giorgana), Roxana Luna (Javier Rivera Escalona), Tony Gali (Javier Lozano Alarcón), Abraham Quiroz (Luis Ortega Morales) y Ana Teresa Aranda (Víctor Édgar León Rueda) aceptaron el uso de réplica y contrarréplicas, y manifestaron su conformidad con los tan criticados lineamientos para la celebración de debates a cargos de elección popular, que prohíben las señas obscenas, los insultos y las agresiones o alusiones a la vida privada de los candidatos y las candidatas.
Es una mentira del tamaño del mundo que se cerrará el micrófono a quien confronte, contraste o critique a otro candidato u otra candidata; aquello ocurrirá si hay quien –como se ha dicho- recurre a las señas obscenas o los ataques a la vida privada, como sucedió en el debate de 2010 con el candidato del PRI, Javier López Zavala, hoy operador electoral de Blanca Alcalá, quien cometió el gravísimo error de pronunciar una frase que llevó dicho debate a un baño de lodo: “Yo sigo casado con la misma mujer, pero hay otros que cambian de trabajo y algunos hasta de sexo”, dijo el entonces “delfín” de Mario Marín.
Es eso lo que se quiere evitar, no que haya contraste o confrontación o críticas a presentes o pasados gobiernos o a pasados o presentes gobernantes. Nadie va a vulnerar la libertad de expresión de los candidatos, ni se les limitará su interacción. Pensar o creer lo contrario, es pensar o creer que ni Blanca Alcalá ni Tony Gali ni el resto de los aspirantes tienen la capacidad de defender sus ideas y sus propuestas en un encuentro de esta naturaleza.
Nadie quiere un torneo de flores, pero tampoco un torneo de mierda, y así quedó establecido en la minuta del pasado 29 de abril. Lo demás son cuentos para consumo de los tontos útiles de cada elección.