Con discreción –aunque no la suficiente como para impedir fugas internas de información-, desde hace varias semanas, la delegada de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el estado de Puebla, Ana Isabel Allende Cano, empezó a convocar, y a presionar, a los presidentes municipales emanados del PRI, con el fin de pedirles recursos económicos, y apoyos en especie, para la campaña de la candidata del tricolor la minigubernatura, la senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz, en un claro, evidente uso electorero de la poderosa dependencia federal.
Los alcaldes deben hacer aportaciones mensuales en efectivo –de entre 300 mil y 1 millón de pesos: según el sapo es la pedrada- y financiar los mítines que la aspirante a Casa Puebla realice en sus comunidades, incluyendo el acarreo de los “simpatizantes” y las gratificaciones a los coordinadores de los eventos.
Lo peor es que quienes se rehúsan a hacer las aportaciones que prácticamente se les ordena desde la SEGOB, reciben amenazas y toda clase de mensajes sicilianos en un doble sentido: se les abrirán investigaciones de carácter federal por el uso de recursos públicos y se les perseguirá política y judicialmente una vez que Blanca Alcalá llegue al poder, lo que confirma el ya célebre ánimo revanchista que ya inunda la campaña de la ex presidenta municipal de Puebla.
Las reuniones con los ediles son “en corto” e invariablemente encabezadas por la delegada de Gobernación y ex dirigente estatal del PRI. Los alcaldes son convocados por Joe Hernández Corona –un viejo y conocido operador del ex gobernador Mario Marín- y Abigail Báez Madrigal, quienes se ostentan como subdelegados de la SEGOB sin estar adscritos a dicha dependencia.
Es a través de este tipo de correos electrónicos que se cita a los presidentes municipales a un encuentro con carácter de urgente con Ana Isabel Allende, para tratar “temas de gran interés”:
Lo cierto es que el acoso a los ediles de extracción priísta ha sido constante al menos desde principios de abril, pero se ha intensificado en las últimas semanas conforme se acerca el 5 de junio, el “Día D”.
Ello ha causado que muchos de ellos se hayan rebelado a las presiones y decidido sumarse abierta o encubiertamente al candidato de la alianza “Sigamos Avanzando”, Tony Gali Fayad, para quien ya operan a pesar de que las amenazas no cesan.
De Ana Isabel Allende y la Operación SEGOB a favor del PRI ya existen denuncias en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, así como en el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría de Gobernación, donde siguen con suma atención el proceso electoral de Puebla.
Fuentes del gobierno federal afirman que desde Bucareli se ha dado la orden de que ninguna delegación federal y ningún delegado o delegada del gobierno de la República se involucre en las campañas, a favor o en contra de alguno de los candidatos o candidatas a la minigubernatura de Puebla.
Hace unos días se mandó un mensaje claro en ese sentido con la apertura de una investigación de carácter oficial a la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona, por haber acudido el pasado 3 de mayo en horario laboral a un acto de campaña de la priísta Blanca Alcalá.
Este lunes, según las mismas fuentes, el delegado del IMSS, Enrique Doger Guerrero, recibió una fuerte reprimenda por parte de la oficina central del Seguro Social por asistir el pasado fin de semana a un mitin de la candidata del PRI, con quien incluso se tomó fotografías. Le dijeron que ni siquiera en día domingo, es decir, hipotéticamente su día de descanso, debe participar en actos de partido, aunque así se lo exijan por parte de la campaña de la senadora con licencia como “prueba de amor”.
¿Qué va a pasar con Ana Isabel Allende cuando sus jefes, en especial el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, se enteren de las maniobras que se realizan desde la mismísima SEGOB para favorecer la causa electoral del PRI?
Será muy interesante saberlo.