Analfabetas funcionales. Corruptos. Prepotentes. Soberbios. Sordos. Negligentes. Y, sobre todo, convencidos de que si la realidad no es como ellos quieren, peor para ella, la realidad.
Así gobierna la mayoría de los presidentes municipales del estado de Puebla, auténticos “varguitas” que, en los hechos, cometen peores horrores que en películas realistas como la célebre “La Ley de Herodes”.
Forman parte de una legión de espanto, que reproduce los mismos vicios y los mismos excesos que explican el atraso social, económico y político que padece desde hace décadas “la otra Puebla”, esa zona oscura, empobrecida y aislada, víctima eterna de sus ediles, y que en los hechos son –serán- un auténtico lastre para las aspiraciones de Tony Gali y Blanca Alcalá, quienes sin poder evitarlo van a asumir el costo de recibir el respaldo de autoridades locales tan desprestigiadas como repudiadas por la población.
Y es que hoy por hoy, en Puebla los ediles son caciques en potencia, que van por la vida sin controles ni contrapesos –reflejo de la dinámica del poder a nivel estatal-, sin conocimiento de la ley y de las facultades de los Cabildos –el máximo órgano de decisión en un municipio-, totalmente o deliberadamente ignorantes de los derechos humanos y de la libertad de expresión, de asociación y de manifestación.
Dueños de jugosas estructurales electorales municipales que en estos días subastan al mejor postor, los presidentes mandan “por sus pistolas” a miles de poblanos paupérrimos y desprotegidos que todos los días sufren las consecuencias de haber nacido en tierras sin ley, sin orden, sin futuro, donde lo que menos hay son indicadores de desarrollo.
Estos señores y señoras de horca y cuchillo, que ahora se preparan para sumarse a las campañas del PRI y del PAN, fueron electos por ser los más hábiles -o los más perversos o por tener más dinero que el rival de enfrente- y sólo por eso, creen que los pueblos deberían estar agradecidos y obedecer sin chistar. Allá no hay medios de comunicación, mucho menos ese “diablo” llamado Internet, y por tanto no hay vigilantes que entrometan sus narices en lo que no les importa.
En sus visitas al interior del estado, inevitablemente tanto Tony Gali como Blanca Alcalá van a tener que enfrentar las inconformidades generadas un día sí y el otro también por presidentes municipales patrimonialistas, absurdos y corruptos, que suponen que las comunidades que gobiernan –incluidos sus ciudadanos- son de su propiedad.
En Tehuacán, la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez presume premios “patito” que, además, paga con el erario que ella y su marido, Álvaro Alatriste “El Mostro”, han dilapidado a los ojos de todos.
En Izúcar de Matamoros, Manuel Madero González no sabe qué hacer con la delincuencia y cuando los vecinos le reclaman, los amenaza con metérselos a la cárcel por “insubordinación”.
En Huehuetlán El Grande, gobierna no el edil José Santamaría Zavala, sino su esposa, la señora presidenta del DIF municipal, Victoria Ramírez Pérez, pues aquel se la pasa fuera del pueblo “en asuntos personales”.
En Tepexco, el alcalde Antolín Vital Martínez enfrenta cuatro denuncias penales por fraude, cohecho y amenazas.
En San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez logró lo imposible: agravar aún más temas sensibles, como el ambulantaje, la corrupción y la inseguridad.
En Teziutlán, el cacique Antonio Vázquez Hernández está peleado hasta con su reflejo en el espejo; no fue casual que el pasado 14 de febrero, los regidores lo abandonaran a mitad de su informe de (des) gobierno.
En Ixcaquixtla, sucedió una situación similar, sólo que el edil Tomás Romero Reynoso tuvo la osadía de contratar a ciudadanos y payasos de fiesta, a quienes pagó 200 pesos para llenar el auditorio donde rindió su (des) informe; la mayoría de los acarreados no era de Ixcaquixtla, sino de Juan N. Méndez.
En Tecamachalco, dos regidoras –Ruth Rodríguez y Rosa Mirón- se salieron del informe de Inés Saturnino López para evidenciarlo como lo que es: un cavernícola al mando del municipio.
En Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez llevó con engaños a unos mil habitantes a su informe; les dijo que se trataba de una entrega de fertilizantes; sólo así pudo llevar a cabo el evento que, además, convirtió en acto de proselitismo, pues la invitada especial fue la regidora de Puebla Karina Romero Alcalá, hija de la candidata del PRI, Blanca Alcalá.
Y así por todo el estado de Puebla…
Un estado donde, salvo honrosísimas excepciones, los ediles, en su borrachera de poder, asumen que el pueblo entero es de su pertenencia y por tanto tienen “derecho” a decidir sobre las personas y sus bienes; ahí el erario no es público por definición, sino privado, para el uso único y exclusivo de la familia presidencial, y se impone la ley del más fuerte, la del “o te chingas o te jodes”, en pleno siglo XXI.
No por nada, hace unos días, en visita por Atlixco, el gobernador Rafael Moreno Valle se reunió con un grupo de ediles de la región, todos emanados de las filas del PAN, para advertirles de la importancia de no contribuir negativamente al desarrollo de las campañas en ciernes.
“No se metan en problemas”, les pidió.
Y es que en una elección como la que se avecina, todo va a contar, pero en especial el desempeño de los presidentes municipales, lo que se verá reflejado en las urnas a favor o en contra de los candidatos.
¿Podrán Blanca Alcalá y Tony Gali librarse del desprestigio de los ediles, o van a tener que cargar con estos auténticos lastres, capaces de hacerlos perder en poblaciones que hoy consideran seguras para sus aspiraciones?