Como diría el cantinflesco clásico: “Haiga sido como haiga sido”, pero la actual Legislatura del estado, la LVIII, pasará a la historia.
Y no sólo porque ha sido la primera en la que ningún partido político tuvo la mayoría absoluta, escenario inédito que planteó el reto de llegar a acuerdos y concretar leyes a partir de la discusión y sobre todo la negociación entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso.
Se puede criticar por supuesto el sometimiento del Ejecutivo sobre el Legislativo –un defecto generalizado, por lo demás, en nuestra incipiente democracia mexicana-, pero es honesto asegurar que al menos no fue una Legislatura inmóvil o apática, que como todas las anteriores practicara la política del avestruz ante los grandes problemas de la entidad.
Una prueba de lo anterior es, sin duda, la resolución que resolvió –sin protestas ni disidencias, además- un conflicto de más de una década entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, algo impensable hasta hace muy poco.
Hay algunos datos duros que permiten al menos reconocer que fue una Legislatura valiente, que corrió algunos riesgos (véase el caso del SOAPAP y los PPS) y a la cual se le puede acusar de todo, menos de no trabajar.
Veamos:
Durante la LVIII que ya agoniza, se aprobaron 396 iniciativas, 37 por ciento más de lo que se aprobó durante la anterior Legislatura.
De ellas, la mayoría, 221, fueron presentadas por el poder Legislativo.
En contraste, durante la anterior Legislatura, de las 289 iniciativas aprobadas, 111 correspondieron al mismo poder.
La productividad de la actual es de 99%.
Especialmente el tercer año de la LVIII Legislatura, encabezado por el diputado panista Mario Riestra Piña, probó ser un periodo de gran productividad.
Y es que se aprobaron 123 iniciativas, de las cuales el poder Legislativo presentó 97, es decir, el 79% del total.
En comparación, en 2012, cuando a la cabeza del Congreso estuvo –es un decir- el priísta Édgar Salomón Escorza, el total de iniciativas aprobadas fue de 150 y el poder Legislativo participó con 59, que representa el 39%.
Esto significa que durante 2013 la participación del Legislativo fue 40 puntos porcentuales mayor y se aprobaron 64% más iniciativas, lo que da prueba del esfuerzo realizado durante este año para hacer al Congreso más productivo y eficiente.
A partir de enero del próximo año, habrá una nueva Legislatura; por primera vez será para un periodo de 4 años y 8 meses, tiempo más que suficiente para poder superar la productividad de la actual y sobre todo para ocuparse en una tarea fundamental, la de procurar ser menos dependiente del Ejecutivo, en medio de un régimen político en el que la separación de poderes en los estados no es más que una falacia.