Uno de los grandes pendientes del gobierno de Rafael Moreno Valle sigue siendo la esperada, urgente, necesarísima reforma al poder Judicial de Puebla, el cual sigue colocado como uno de los más corruptos e ineficientes de todo el país.
Lo más extraño es que a pesar de que aparentemente están dadas las condiciones para empujar una transformación total del sistema judicial local, a partir de la decisión de 13 de sus 25 magistrados de jubilarse, el cambio sigue sin llegar.
¿Qué fuertes e inconfesables intereses existen alrededor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ni siquiera Moreno Valle, con todos los hilos del poder en sus manos, ha podido empezar la limpia de la cloaca?
¿O será que ya no hay interés por terminar con lo que todo mundo sabe: que en Puebla, la justicia tiene precio, como se demuestra casi todos los días gracias a las burdas y viles acciones de jueces y magistrados que se venden al mejor postor?
Hasta ayer seguían sin llegar al Congreso del estado las ternas que, se supone, deberían estar listas desde hace un mes para elegir a los sustitutos de Gerardo Manuel Villar Borja, Elba Rojas Bruschetta, Fernando García Rosas y Leonardo Tecua Petla, quienes ya disfrutan de su jubilación, con su jugoso, ofensivo salario mensual de 75 mil pesos.
De los magistrados que ya están instalados en su retiro de lujo, el único que ha sido relevado es Carlos Enrique Hernández Ramírez, por el melquiadista Jorge Ramón Morales Díaz, pero eso fue en julio pasado, y desde entonces ningún otro movimiento se ha dado.
¿Qué ha pasado?
Es todo un misterio, pero todo parece indicar que las resistencias al cambio al interior del poder Judicial son tantas y tan fuertes, que la anhelada, prometida transición está literalmente frenada.
La nomenclatura –una auténtica mafia- que manda en el TSJ, y que tiene en el presidente David López Muñoz a un mero títere de titiriteros mayores, ha impedido que nuevos y mejores perfiles lleguen a ocupar las vacantes, con el fin de superar el histórico rezago en calidad, autonomía, confianza y rapidez, como lo han acreditado año con año, desde al menos 2008, diversos estudios, especialmente el que conjuntamente efectúan la Asociación de Bancos de México (ABM), el ITAM, el Consejo Coordinador Financiero y Moody´s de México.
Hace poco trascendió que esa misma nomenclatura, que se sigue regodeando en la práctica del nepotismo (hijos, sobrinos, yernos, cónyuges y hasta compadres ocupan todo tipo de cargos en salas y juzgados) y que ha convertido en millonarios a la mayoría de sus integrantes, paró en seco la iniciativa del Ejecutivo para crear el Consejo de la Judicatura, instancia que regularizaría, revisaría y sancionaría el trabajo de los magistrados al modo de una contraloría interna.
El poder Judicial sigue siendo el peor y más corrupto poder del estado, y hasta el momento nadie ha logrado modificar esa triste, penosa realidad.
Ni el todopoderoso Moreno Valle, quien como candidato se comprometió a impulsar el cambio en el TSJ.
Hay que recordar que según el artículo 12 de la Ley Orgánica de poder Judicial, el gobernador del estado es el único que puede proponer al Congreso las ternas para el nombramiento de magistrados del TSJ.
¿Hasta cuándo?
No lo sé, pero Puebla ya no puede permitirse tener a magistrados que, a pesar de ser de los mejor pagados, significan una auténtica vergüenza nacional en aspectos torales para la salud de la justicia como la independencia, calidad, imparcialidad, rapidez, confiabilidad y honradez.
Sobre todo honradez.
¿Quieren pruebas?