De las muchas creadas por el pasado sexenio -el sexenio donde todo fue botín político y económico-, hay una bomba social que puede explotar en cualquier momento: la industria de los moto taxis.
Se trata sin duda de un asunto delicado, de muchas aristas, y de urgente atención por parte del nuevo gobierno, especialmente del titular de la Secretaría del Transporte –antes SCT-, Bernardo Huerta Couttolenc, y la contralora Irma Patricia Leal Islas.
Fue durante la gestión de Valentín Meneses como secretario de Comunicaciones y Transportes que se dio el boom de los moto taxis. Pero él no fue el único responsable.
La cadena fue continuada por su sucesor, José Guadalupe Castillo Méndez, y especialmente por el subsecretario Lázaro Jiménez Aquino, pieza zavalista en una dependencia históricamente caracterizada por el latrocinio con los bienes del Estado.
Un censo extraoficial reciente calculó en 4 mil –sí, 4 mil- los moto taxis en la entidad poblana.
¿Cómo fue que nacieron y se multiplicaron como en el pasaje bíblico de los panes y los peces?
Bueno, pues ahora, gracias a las primeras investigaciones gubernamentales, se sabe que cobraron 3 mil pesos por entregar una calcomanía para cada moto taxi y otros 3 mil para incluirlos en el padrón “oficial” de la SCT.
Es decir: un gran, gran negocio de (por lo menos) 24 millones de pesos, recursos que en buena parte se quedaron en los bolsillos de unos cuantos vivales del marinismo.
Eso, sin contar que Jiménez Aquino obligaba a los propietarios de las mini unidades a comprar en una misma empresa los capacetes que convertían a las motos en moto taxis.
Actualmente, es extraño el municipio donde no hay este tipo de transporte, muy peligroso por cierto y que opera fuera de toda norma, sujeto sólo a la ley de la oferta y la demanda, pues no está contemplado en ninguna parte de la ley del sector.
El gobierno de Rafael Moreno Valle ha enviado señales de que su intención es desaparecerlos, no regularizarlos, pero los dueños amenazan con movilizarse y hasta paralizar algunas importantes vialidades en las regiones.
No se mueven solos, por supuesto; detrás están ésos, los mismos funcionarios que se enriquecieron en las narices de todos y que a la fecha siguen en calidad de intocables.
Y es que están defendiendo con uñas y dientes su muy particular mina de oro, mina que tiene su epicentro en organizaciones y líderes del PRI que no dejan de gestionar tras bambalinas para rentar, traspasar o vender viejos y nuevos permisos para los moto taxis que, además, por su bajo costo, son competencia desleal para los grandes concesionarios del transporte público de pasajeros en Puebla.
A finales de la pasada Legislatura, el entonces diputado del PT, José Manuel Pérez Vega, mejor conocido como “Pepe Momoxpan”, trató de abrir la Caja de Pandora al exigir explicaciones sobre el surgimiento y las redes de complicidades de este nuevo modelo de transporte. Pero los fuertes intereses impidieron siquiera asomarse al origen de la cloaca, cloaca de 24 millones de pesos.
Los moto taxis se expandieron como hormigas y hoy cientos de familias poblanas dependen de este servicio. Tanto que quitarlo, paradójicamente, causaría un serio problema de orden social.
¿Qué hará el nuevo gobierno para evitar que la bomba, esta bomba social explote?
Y más:
¿Hará pagar a los culpables de la corrupción institucionalizada en una de las dependencias de por sí más corruptas de Puebla?
El morenovallismo tiene la palabra… a 70 días y contando del inicio de la alternancia.
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A propósito, una denuncia sobre corrupción y acoso laboral en la ST:
“Trabajo en la Secretaría de Transporte a través de la empresa Ruta Comercializadora, S. A. de C. V. que es la encargada de emisión de licencias, tarjetones de concesiones y permisos, y emplacamiento.
“Quiero comentar que desde el inicio de esta administración, los empleados adscritos a Ruta hemos sido notificados que a partir de junio la empresa dejará de proveer servicios al gobierno. Eso lo comprendemos y sabemos que nuestro trabajo está en riesgo ya que no tenemos asegurado que la nueva empresa que llegará Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, nos recontrate.
“Lo que sí quiero denunciar es el acoso laboral que sufrimos todos los días por parte del teniente Jaime Arturo Coyotl Arriaga, jefe de la oficina de Licencias, y el jefe de Departamento Jesús Guevara Osorio, quienes han dicho a sus incondicionales que aprovecharán el cambio de empresa para evitar que los actuales empleados de Ruta seamos recontratados, aunque contamos con toda la experiencia para ofrecer el servicio.
“Entendemos su interés de que nos corran pues precisamente somos nosotros quienes realizamos los exámenes tanto teóricos como médicos y toxicológicos para las licencias y somos nosotros quienes sabemos todas las transas que realizan aprovechando la confianza que la directora Srita. María Alejandra Martínez les ha conferido. Y aprovechando la inexperiencia y buena fe de la directora, todas las tardes se encierran en la oficina del teniente con el Lic. Ricardo Juárez quien fue corrido al llegar las nuevas autoridades por caerlo en actos de corrupción, cuyos encerrones despiertan sospechas, porque tan son sospechosos que los realizan por las tardes. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué motivo el Lic. Ricardo ni por equivocación se aparece en las mañanas a la vista de todos?
“Además en las mañanas la primera ruta de la corrupción es la siguiente: el incondicional del teniente Coyotl, Eduardo Barrios detecta a los usuarios que no cumplen los requisitos de la licencia, los envía para ser atendidos por la señora Guadalupe Valencia, quien les indica que vayan al baño y ahí los alcanza el teniente para extorsionarlos, o no hay explicación lógica para que dos hombres entren al mismo espacio de la taza del baño juntos. De hecho empezamos a preocuparnos primero porque pensamos que el teniente tenía problemas de próstata y por eso iba tanto al baño, hasta que los compañeros hombres lo cacharon en la movida.
“Como el teniente sabe que lo han sorprendido varias veces en esta extorción, es por eso que quiere deshacerse de nosotros sin importarle que seamos mujeres solas u hombres con hijos que mantener, ya que los empleados de la secretaría son sus cómplices y además tienen base.
“La segunda ruta de la corrupción la ejercita Jesús Guevara Osorio, quien al verse ahora imposibilitado de robar con las salidas de las unidades móviles, lo hace en el módulo de Plaza Loreto con su esposa Alma Alicia Brito Miranda, la que cobra 3 mil pesos por usuario que incumpla con los requisitos para las licencias.
“Adicionalmente, el licenciado Jesús nos acosa con sus creencias religiosas y nos trata de convertir al cristianismo. Es muy respetable su religión pero yo nunca escuché en la campaña de nuestro gobernador Rafael Moreno Valle, que para tener trabajo en su gobierno teníamos que convertirnos al cristianismo y el que no acepta es acosado laboralmente.
“Finalmente y ya que seguramente se saldrán con la suya quiero denunciar que compañeros del archivo están sorprendidos del “extraño interés” del teniente por revisar los expedientes de distintas concesiones del transporte, mismos que de manera ilegal extrae del archivo, sin ninguna atribución pues no se necesitan en el área de licencias sino en otra de las direcciones de la secretaría. Todo lo hace en nombre de la directora y dicen en radio pasillo que su intención además de enriquecerse ilícitamente es cargarle todos los muertitos a la directora para lograr ponerle un cuatro y forzar su salida para él llegar a su lugar y transar ahora sí a lo grande en conflagración con el lic. Ricardo y el Lic. Jesús.
“Espero que pueda atender esta denuncia y aunque ya nos adelantaron que nos van a correr le pediría conservar mi nombre en el anonimato, por razones obvias. Muchas gracias por su atención.”