El mensaje que Zavala se perdió (en una reunión de gabinete)

Arturo Luna Silva

Dos fueron los mensajes más importantes del gobernador Mario Marín Torres durante la reunión de gabinete a la que convocó el pasado miércoles en el anexo de Casa Puebla y a la que únicamente faltaron, por razones personales, Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública; Valentín Meneses Rojas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Guillermo Deloya Cobián, secretario particular.

El primero versó sobre la grave crisis económica que agobia al estado de Puebla y especialmente a las finanzas públicas ante la caída en los ingresos por la vía de las participaciones federales.

Mario Marín fue enfático al decir a los miembros de su equipo que éstos son momentos de austeridad, de apretarse el cinturón y de evitar derroches y gastos innecesarios; de hecho, les dio luz verde para cancelar de plano aquellos programas no prioritarios y concentrarse sólo en los urgentes, y que tengan viabilidad técnica y presupuestal, de aquí a su quinto informe de gobierno en enero próximo.

El segundo mensaje fue igual de importante, pues fue en un solo sentido y dirigido a todos los que pertenecen al gobierno del estado y al mismo tiempo andan desatados porque tienen aspiraciones políticas.

A ellos el gobernador les pidió cuidarse para no verse involucrados en actos de corrupción y vigilar y amarrar las manos a sus propios colaboradores, pues el tema de la corrupción, subrayó, será usado tanto a nivel federal como estatal por el PAN en las elecciones de 2010 para atacar al PRI y a sus candidatos a cargos de elección popular.

En ese contexto, con vehemencia les exigió evitar el uso de las estructuras oficiales para hacer campaña en pos de sus proyectos políticos personales.

Les dijo que además de las sanciones que marcan las nuevas reglas electorales, él estará pendiente de castigar cualquier abuso en ese sentido.

Algunos de los asistentes a la citada reunión de gabinete me comentaron que todo estuvo bien, muy bien, en especial el último mensaje (el de evitar el uso de estructuras de gobierno), pero también me confiaron que hubiese estado mejor, muchooo mejor si dicho mensaje también lo hubiese escuchado Javier López Zavala.

Y es que justo antes de que el gobernador entrara a esa parte de su breve discurso, el secretario de Desarrollo Social se disculpó para levantarse de la mesa con el fin de ir al baño.

Para cuando “el delfín” regresó para reincorporarse a la reunión, Mario Marín ya hablaba de otros temas, por lo que ni se enteró del llamado de atención de su jefe, al igual que los ausentes García Ramírez, Meneses Rojas y Deloya Cobián, que también tienen lo suyito.

Lo que son las cosas, ¿verdad?

***

A propósito:

No cabe duda que los tiempos de la política están convulsos y que la temporada de caza se ha iniciado.

Y es que dos denuncias entraron este fin de semana al buzón de este columnista.

La primera tiene que ver con Mario Montero Serrano o más bien con su ex secretario particular y actual coordinador general de Enlace Institucional y Participación Ciudadana, Ángel López Badillo, a quien se acusa de haber creado en la Secretaría de Gobernación una estructura electoral paralela para apoyar, con personal y recursos públicos, el proyecto de su jefe hacia la presidencia municipal de Puebla.

La segunda parece más delicada, pues la “garganta profunda” aporta algunos datos duros sobre la posibilidad de que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, se haya otorgado mediante prestanombres tres autorizaciones para centros de verificación vehicular; hete aquí la denuncia completa:

Por encima del interés ciudadano, la discrecionalidad tanto en la autorización de la concesión como en el otorgamiento del acuerdo de la instalación y operación de nuevos centros de verificación vehicular, quedó de manifiesto con la entrega de permisos de dichos centros a Erika Fierro Caballero, Carlos Rogelio Padilla Gómez, Irma Pérez López, uno cada uno, y dos a Gerardo Sosa Torres, estas dos últimas personas identificados como prestanombres del secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses, y los otros son funcionarios menores de administraciones pasadas.

Posiblemente la entrega de tales concesiones no significaran nada si es que se cumplió en tiempo y forma con los requisitos a no ser porque se pasó por encima de la solicitud ciudadana que desde 1999 presentó Fausto Traconis Ramos al respecto, que en esta administración simplemente ignoró Francisco Castillo Montemayor, por acuerdo con el gobernador Mario Marín Torres, privilegiando a la élite política.

Fausto Traconis Ramos, quien cumplió con la solicitud y los requisitos para el otorgamiento de Concesión de Centro Verificación Vehicular desde 1999, la cual le fue concedida mediante oficio SEDUEEP 99/00476 de fecha 25 de enero de 1999, sin embargo se le ordenó que esperara a que se implemente en nuevo programa de Ordenamiento de los Centros de Verificación, para que el equipamiento fuera de acuerdo con las nuevas disposiciones que se emitirían, lo cual jamás se concretó durante los 6 años siguientes en la administración del gobernador Melquiades Morales Flores.

Una vez que entra la nueva administración del gobierno estatal, Traconis Ramos reitera su petición para instalar y operar la concesión ya otorgada desde 1999. Lo cual niega administrativamente la Secretaría del Medio Ambiente, sin dar elementos legales que lo sustenten.

Ante la lentitud del trámite iniciado en el año de 1999 y la implementación del nuevo programa señalado, es que para fines del año de 2005, el 4 de noviembre, Traconis Ramos presenta queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Puebla. Esta queja hasta la fecha no encuentra eco.

Ante tales circunstancias, en 2006 el solicitante se amparó bajo el documento número 155/06 del Juzgado Segundo de Distrito, por lo que Francisco Castillo Montemayor se retracta y reconoce la validez de la concesión, pero argumenta que no se puede autorizar la operación porque no existe suficiente demanda vehicular.

Estos mismos argumentos no fueron tomados en cuenta al autorizar cinco nuevos centros de verificación vehicular en este año a personas distintas del solicitante Fausto Traconis Ramos, perdiendo de vista el principio legal de “primero en tiempo, primero en derecho”.

gar_pro@hotmail.com

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