Muy lejos de la estrategia del presunto líder huachicolero Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, de hacer pasar como una “persecución política” la detención de su hermano (aunque algunas versiones lo ubican como su primo), el alcalde de Quecholac, José Alejandro N., el caso arrastra una larguísima estela de sucesos desde antes, incluso, que el menor del clan fuera presidente municipal, que contiene suficientes méritos judiciales.
Es un asunto añejo y muy espinoso, desde hace mucho.
Siniestro.
Alejandro, ya recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez, llegó a la alcaldía en 2018, apoyado principalmente por los habitantes de Palmarito Tochapan, junta auxiliar que en mayo 2017 fue escenario del más sangriento enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de bandas del robo de combustible.
Por ahora el alcalde, quien por cierto había conseguido la reelección con las siglas del partido Pacto de Integración Social (PSI), está acusado solamente de abuso de autoridad.
Sin embargo, ha trascendido que la Fiscalía General del Estado (FGE) le fincará otras responsabilidades.
Desde este lunes, cuando el mismo Toñín anunció su detención, también amagó con realizar manifestaciones.
Efectivamente así fue.
Aunque con una fuerza muy menor.
Casi testimoniales.
Y es que no se trata de un líder social.
No se trata de un perseguido político.
Se trata de un personaje “siniestro”, como lo calificó el propio gobernador Miguel Barbosa.
En un tema eminentemente judicial.
Con méritos suficientes.
Un asunto en el que las autoridades del estado y federales saben bien qué ocurre.
“Sabemos quiénes de los alcaldes están coludidos y nosotros no vamos a jugar”, advirtió el gobernador este martes en su conferencia matutina.
“Se los digo -agregó-, no va haber personajes siniestros en mi gobierno. Los que quieran pasarse de sinestros que se vayan por donde vinieron. Ya que se salgan de Puebla los perversos, esos que vinieron ganándose confianza y aquí están engañando, extorsionando, que se vayan y que las gentes que violan la ley ya no lo hagan.
“No van a tener en el gobierno a un cómplice. Nunca se sentarán con el gobernador, y si sé que algún miembro del gobierno se sienta con ellos, se va de mi gobierno y se le fincan responsabilidades”, sentenció Miguel Barbosa.
Por eso es tan obvio que las “manifestaciones de apoyo” son orquestadas.
Como orquestados han sido muchos hechos.
Desde hace mucho, en ese municipio que es la clave y el epicentro del huachicol en Puebla.
De ahí que también haya resultado tan oportuna la recomendación del mandatario:
En vez de organizar manifestaciones, que mejor le busquen un abogado.
Y uno muy bueno.