La reforma electoral que la mayoría morenista del Congreso de Puebla aprobará en las próximas semanas -tiene para ello solamente hasta la primera semana de agosto- es apenas un adelanto de una modificación política más profunda, que implica cambios constitucionales y una redistritación. No termina con el proceso de 2021, sino que mira hacia 2024.
Se trata del establecimiento de nuevas “normas del poder”, como las describía el otrora notable priísta José Porfirio Alarcón Hernández, de los más visibles especialistas en la materia, en el estado.
Las modificaciones a estas reglas, que hoy se han propuesto desde el Poder Legislativo local y desde Casa Aguayo, terminarán por desmantelar el intrincado y preciso sistema que instauró el morenovallismo.
Dice con argumentos el gobernador Miguel Barbosa que las propuestas buscan “condiciones de equidad” en la lucha electoral legítima.
Hay dos iniciativas que, una vez que superen la aduana legislativa, entrarán en vigencia en el próximo proceso local, que arrancará formalmente en noviembre y con el que, por primera, hay la posibilidad de la elección consecutiva de diputados y ayuntamientos.
Una fue presentada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, y va al tema del financiamiento a los partidos y las normas de acceso a las diputaciones, entre otros temas.
Plantea que el dinero que reciban los partidos sea proporcional a los votos que obtengan.
También, que desaparezca la figura del “gran perdedor” en la elección a diputados.
Con ésta se daba acceso al candidato o candidata que, aun perdiendo por la vía de mayoría relativa, acumulaba votos en un segundo lugar y obtenía una curul.
No era ni plurinominal, ni de primera minoría, sino un Frankenstein jurídico.
Así el morenovallismo garantizó curules a sus aliados informales (paleros) en las elecciones.
Otra iniciativa recién esta semana fue enviada por el gobernador Barbosa, para atajar las campañas negras.
Ese esquema del que especialmente él fue víctima en 2018.
Cierra el paso a la difusión simulada, en espectaculares y transporte público, de portadas de revistas o de supuestas entrevistas.
Son propaganda política disfrazada de “información”.
Las dos iniciativas proponen cambios al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla (Coipep).
Para su aval requieren solamente de la mayoría simple, la mitad más uno de los 41 diputados.
Serán inexorablemente aprobadas.
Desmantela ese esquema electoral que instauró el morenovallismo para facilitar su permanencia en el poder y garantizar su mayoría legislativa.
Son los tiempos nuevos.
Las normas del poder.