En enero, Puebla tendrá un nuevo fiscal para los próximos 7 años. Víctor Carrancá, el ex fiscal morenovallista, ratificó su renuncia, tras no ejercer por 15 meses. Deja el cargo con casi 3 años de antelación a su periodo, empujado por las nuevas circunstancias del poder y con una larga estela de pendientes, sospechas y anomalías. En los primeros días de 2020, el Congreso local deberá avalar una lista de 10 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de ésta, el gobernador -porque así lo faculta la Constitución- elegirá una terna. Como lo fue antes, en la designación del comisionado de Derechos Humanos y del auditor, los diputados están ante el reto de realizar un proceso transparente, legítimo y legal. Que no se contagie de la purulenta bacteria del “fiscal carnal”, a modo y sin independencia, que llegue como carta marcada por sus relaciones políticas. Que aquí -ojalá- no pase.
De puño y letra, pero con una pesada loza sobre sus hombros, Carrancá Bourget presentó finalmente su renuncia, luego de una licencia que había solicitado en septiembre de 2018.
El funcionario fue designado procurador por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle en 2011 y luego fue nombrado en 2016 fiscal, por el Congreso, cuando la institución se convirtió en Fiscalía, supuestamente con miras a garantizar su “independencia”.
La hegemonía legislativa del anterior régimen lo cobijó.
Sin embargo, con la llegada de una mayoría lopezobradorista al Legislativo poblano y el amago de que encontraría la fórmula jurídica para defenestrarlo, Carrancá optó por la licencia.
Una muy larga, que sólo fue antesala para su renuncia.
Un amplio compás de espera en el que siempre estuvieron presentes las críticas a su gestión.
En su ejercicio de cinco años, primero como procurador General de Justicia del Estado (PGJ), y luego como fiscal, Carrancá sumó acusaciones, pendientes, sospechas, anomalías… en su ejercicio.
Una larga lista de irregularidades, vistas así por la entonces oposición, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.
Todas serán materia de análisis y posiblemente de procesos judiciales en los próximos meses y años.
Los casos Chalchihuapan, de feminicidios irresueltos, más de tres centenares de procesos que concluyeron con “presos políticos” y muchos más asuntos “torcidos”, marcaron sus casi ocho años al frente de la institución de procuración de justicia de la entidad.
Desde el 4 de septiembre de 2018, Gilberto Higuera Bernal es el encargado de despacho.
No lo ha hecho del todo mal, se ha ganado la confianza del nuevo régimen y hoy también podría estar en la lista de 10 aspirantes a la FGE.
El proceso para elegir a un nuevo titular de la FGE estará en marcha desde este lunes, luego de que en la sesión ordinaria de este domingo, tras la recepción del informe del Gobernador, el Congreso dio entrada formal a la dimisión de Carrancá.
Los plazos están marcados en la Constitución de Puebla, en su Artículo 97, por la reforma del 4 de enero de 2016.
“Artículo 97
El Fiscal General del Estado durará en su encargo siete años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:
I.- A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo.
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General del Estado designado podrá formar parte de la terna.
II.- Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna de entre los integrantes de la lista, y la enviará a la consideración del Congreso.
Pasada la segunda quincena de enero de 2020 deberá estar en firme el nuevo fiscal.
En este proceso, además de que es ingenuo pedir que Miguel Barbosa no meta la mano, en este caso tiene esa facultad y derecho constitucionales.
Sin embargo, de ahí a la designación de un “fiscal carnal”, como en otras entidades, la más reciente en la Ciudad de México, puede haber mucha diferencia.
El nombramiento o intento de ese llamado “fiscal carnal”, un funcionario a modo y bajo las órdenes del mandatario en turno, ha generado controversias y disputas en estados como Veracruz, Puebla mismo, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Baja California, Querétaro, Jalisco y la lista seguirá.
En Puebla, es deseable, que se elija al mejor o a la mejor.
Al más calificado y a quien garantice la procuración de la justicia para los poblanos.
El desafío no es menor para el Congreso local.
En los próximos días conoceremos los nombres.
Habrá una cascada de especulaciones.
No viene al caso adelantarla.
Que se elija al mejor…
… si es que hay.