Por el presupuesto que manejará, que podría ser el históricamente más alto para el campo poblano con el gobierno de Luis Miguel Barbosa, y la natural y consecuente influencia política sobre el sector agrario, que fue de los más participativos en las urnas el pasado 2 de junio para el triunfo del morenista, la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Rural se disputa con acidez y golpes bajos entre al menos cuatro personajes, con distintos orígenes y filiaciones ideológicas, quienes buscan la posición que se ve hoy como la “joya de la corona” de las definiciones del próximo gabinete que aún faltan. En este jaloneo hay quienes se dicen los “favoritos” del gobernador electo y otros que, imprudentemente, hasta han festejado por adelantado. Que no se olvide que nadie puede sentirse seguro.
La mano, pública o soterradamente, la han levantado para esa posición la regidora con licencia de Puebla capital, Rosa Márquez Cabrera; y el académico de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Pedro Ponce Javana.
También el ex alcalde de Atlixco y actualmente coordinador de los delegados de la SDR, Eleazar Pérez Sánchez, y la encargada de esa área en el equipo de Transición y ex funcionaria de la Sagarpa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ana Laura Altamirano Pérez.
Cada uno y cada una deshojan la margarita y tiene esperanzas; incluso se sienten en el ánimo positivo del mandatario que asumirá constitucionalmente el cargo el próximo 1 de agosto.
Aunque se espera que esa posición sea para una mujer, los varones no se descartan y hacen, a la buena o a la mala, su luchita.
Rosa Márquez incluso manifestó en entrevista con reporteros este miércoles su intención de encabezar la política agropecuaria del barbosismo.
“Si se considera, qué bueno, y si no estaremos en la lucha. No tenemos mayor problema, pero dejemos que el gobernador tome su decisión y la respetaremos y la acataremos”, dijo.
Ni se apuntó ni se descartó, como reza el lugar común.
Si bien no es una especialista natural en el tema, estuvo encargada de los foros agropecuarios que se realizaron en paralelo a la campaña del proceso extraordinario.
Además, como su hijo, David Méndez Márquez, quien recibirá la Secretaría General de Gobierno (SGG) en esta transición, está con una cercana relación con el mandatario electo.
También se siente como posible secretario, el chapinguero Pedro Ponce Javana, quien incluso hace unos días hasta felicitaciones vía redes sociales recibió por su “nombramiento”, aunque sus fans luego tuvieron que bajarlas, porque nada se ha definido hasta hoy.
El originario del municipio de Jolalpan presume su preparación en la materia, pues es doctor en Problemas Económicos de la Agricultura Mexicana, y se ve a sí mismo como el mejor perfil.
Luego, como un caso especial, por imprudente, busca la posición el ex alcalde priísta de Atlixco y quien hoy es ya funcionario de Desarrollo Rural del gobierno interino, Eleazar Pérez.
Por su influencia como coordinador de delegados de la SDR, Pérez Sánchez ha enviado a los presidentes municipales que siente que le pueden “ayudar”, un machote de formato para que lo llenen y lo envíen a Luis Miguel Barbosa expresándole su apoyo.
“En poco tiempo Usted tomará las riendas del poder del Estado, ya nos ha mostrado lo que su esfuerzo y solidaridad es capaz de alcanzar. Estoy seguro de que una propuesta secundada con el Ing. Eleazar Pérez Sánchez, podrá conducirnos a una cultura de encuentro, conciliación y paz”, remata el oficio que pide que envíen los alcaldes al gobernador electo.
Y finalmente está la encargada de recibir la SDR en esta transición y ex funcionaria federal, Ana Laura Altamirano, a quien más “peros” le ven sus adversarios en esta carrera por llegar a esa secretaría.
No pasan por alto las anomalías que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que ella dejó en su paso como subdirectora de Apoyos a Insumos Agrícolas de Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, entre 2013 y 2015.
Entonces el director general y su jefe fue Belisario Domínguez Méndez, quien debió borrarse del mapa un tiempo, por estos casos.
En esa lista de pendientes, se acusa que “el caso de corrupción más grande y evidenciado mediante auditorías fue de los Programas PROCAFE y PIMAF (Antes apoyo a pequeños productores de maíz de hasta 3 hectáreas)”, nos comparte una fuente de la otrora Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Las anomalías se señalaron por la ASF en el año 2013: Auditoría Financiera y de Cumplimiento DE-006: 13-0-08100-02-0302.
Año 2014. Auditoría Financiera y de Cumplimiento DE-14: 14-0-08100-02-0265.
Año 2015, Auditoría Forense 331-DE 15-0-08100-12-033.
Cabe decir que los cuatro aspirantes sienten que “esta sí es la suya”.
Falta ver qué decide el gobernador Barbosa.
Como dijimos en una entrega anterior, la verdad es que nadie puede darse por seguro.
Cada día, cada antecedente, cada dato y cada hecho tienen peso en estos momentos.
Que no se olvide.