Quien sea el próximo gobernador o gobernadora de Puebla tendrá como un asunto urgente e insoslayable, desde el primer día de su mandato, la limpia profunda, total y absoluta de los cuerpos municipales de seguridad. El reto es bastante complicado y, hasta ahora y recientemente, ha dejado ver sus aristas en San Martín Texmelucan y Amozoc, pero se advierte que es un problema de mayores dimensiones por todo el territorio estatal, a pesar de los esfuerzos de la administración de Tony Gali por desactivar y desarticular a aquellas manzanas podridas con las manos, y los pies, metidos en el negocio del crimen.
La contaminación de las policías municipales, muchas de ellas con pactos con la delincuencia organizada, es el germen de la descomposición social, la violencia y la impunidad. Pero tal vez lo peor de todo es que para este conflicto grave, muy grave, los candidatos a ocupar Casa Puebla todavía no han dejado ver una propuesta concreta.
La próxima administración no podrá eludir este asunto toral, el que además deberá abordar con el Congreso local, sin mezquindades partidistas, para hacerse de las herramientas jurídicas que le den respaldo y rapidez.
La vía única, así lo muestran los hechos y los datos, es empujar esa purificación de los cuerpos municipales, lo que debe darse de la mano de los nuevos alcaldes, o por encima de quienes no tengan la capacidad o no quieran colaborar.
Los casos más visibles, hasta ahora, son San Martín Texmelucan, en donde el estado tuvo que tomar el control de la seguridad, haciendo a un lado y procesando a varios de los mandos y agentes policiacos, que encima estaban irregulares.
La colusión con los criminales pudrió a la Policía Municipal entera y contaminó a todas las autoridades, incluyendo a un alcalde timorato y cómplice como Rafael Núñez.
Otro ejemplo lo representa Amozoc, en donde la semana pasada fueron ejecutados seis agentes, presuntamente por huachicoleros, y que también requirió de la aprehensión de los mandos policiacos.
Aún se dilucida la responsabilidad y nivel de infiltración y complicidad de las autoridades en ese municipio connurbado a Puebla capital, la gran ciudad del estado que gracias al alcalde Luis Banck ha resistido para impedir que el crimen organizado se cuele hasta la cocina de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
La pregunta es: además de San Martín Texmelucan y Amozoc, ¿cuántos municipios más están en esa situación de presumible contubernio, indefensión o infiltración de las bandas criminales?
Los focos rojos, no hay que olvidarlo, están encendidos también en Tehuacán, Teziutlán, Huauchinango y los municipios del Triángulo Rojo.
Sobre Tehuacán, la alerta y el clamor de ayuda quedó a la vista este lunes, con un desplegado que publicaron empresarios.
En éste, ganaderos e introductores de Tehuacán y su región denunciaron el robo, el pasado 1 de junio, de 186 cabezas de ganado bovino de la Ganadera Zoyatla, ubicada apenas a 150 metros de la Academia de Policía de ese municipio, en donde además hay un Arco de Monitoreo de la Policía Estatal.
Asimismo, el robo de 41 cabezas del Rancho Antiguas Granjas Cadena, ubicado en el kilómetro 97.5 en Tepanco de López, que forman parte de una serie de “atracos de todas las ganaderías que han sido víctimas en los últimos meses”, describe el desplegado.
Algo similar se ha denunciado en la Sierra Norte, desde años anteriores.
En medio del calor electoral, de las propuestas y los ataques, no hay todavía ningún candidato o candidata que haya propuesto un plan específico en este tema urgente.
En sus agendas, por lo menos hasta ahora, no se perfila ninguna estrategia integral para la limpia de los municipios.
El tema entraña trabajo en todos los niveles, con los alcaldes, pero también de la mano con las fuerzas y las autoridades federales.
Para ello se supone que está la aún incompleta e imperfecta Ley de Seguridad Interior, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
Esa norma de nueva creación establece los protocolos para la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, pero ha sido tropezada por el proceso electoral, y no ha alcanzado a operarse, además de que enfrenta litigios por sus visos inconstitucionalidad.
Será esta tarea, la de asear los municipios y sus cuerpos de seguridad, una que no puede esperar y que representará serias dificultades para el próximo gobernador o gobernadora.
Ahí está el reto.
Urge un plan urgente e integral de acción para impedir que los cuerpos policiacos locales sean rehenes o de plano parte de las mafias delincuenciales, como en San Martín Texmelucan, Amozoc y seguramente muchos municipios más.
Solo un ciego no ve lo que está pasando y la gravedad de la infiltración de las mafias en las policías municipales del estado.