Apenas llegó a la titularidad de la Delegación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace cuatro meses y ya en ese corto tiempo Aarón Yamil Melgar Bravo ha acumulado tal número de cadáveres y pendientes en el clóset, que bien podría fundar un cementerio. De acuerdo con una denuncia de los trabajadores, que cita nombres, apellidos, cifras y datos duros, el joven funcionario federal participa -consiente, es omiso o todo lo anterior junto- en la venta de plazas, tiene una manifiesta “sed” de efectivo, incurre en nepotismo, privilegia sus actividades proselitistas, antes que su trabajo, en su natal Chiapas y apoya al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), antes que al de su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.
A esto habrá que sumarle que, en acuerdo con el ex titular de esa posición, Enrique Doger Guerrero, el funcionario que “presume orgulloso” su panismo mantiene a algunos de los recomendados del hoy candidato a la gubernatura del PRI.
La lista de irregularidades en que Melgar Bravo presuntamente incurre de modo personal y como servidor público es larga.
Vayamos por partes.
Trabajadores, quienes se identificaron plenamente con nombre y apellido, pero que por obvias razones y para evitar su persecución omitiré, señalan que el joven delegado apenas se para en las instalaciones del IMSS, con sede en el antiguo Barrio de San José, si acaso tres veces a la semana.
Por las actividades proselitistas que, según la denuncia, realiza a favor de Ricardo Anaya Cortés en Tapachula y todo el estado chiapaneco, es imposible encontrar a Aarón Yamil los días jueves y viernes.
Por sus ausencias y falta de oficio, indica la acusación, la delegación “no camina; estamos viviendo un verdadero descontrol en todas las áreas porque él simplemente no está presente”.
La duda de los trabajadores es si esto lo sabe y lo autorizó el Director General del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, con quien el delegado en Puebla presume una sólida amistad, a toda prueba, y que le otorga “blindaje”.
En un asunto que amerita la investigación del Órgano de Control Interno hay la denuncia de que el área de Recursos Humanos está convertida en “la caja chica del delegado”.
En contubernio con la jefa de personal, Gabriela Pérez Árcega, y el líder, Sindical Francisco Javier Torres Centeno-nos aseguran-, se venden las plazas laborales hasta en 150 mil pesos.
El costo es “dependiendo del salario que va a percibir la víctima y para que esto funcione simulan supuestas manifestaciones sindicales, propiciando mesas según de diálogo, pero todo este teatro es sólo para poder disponer de plazas sin ser auditadas”.
Un tema más que irrita y llama la atención de los trabajadores es que se haya dejado en sus cargos a varios recomendados de Doger.
En este asunto presumen un acuerdo con el priísta “para mantener como jefe de departamento a su primo, Gerardo Oswaldo Corte Ramírez, quien apenas con la educación primaria gana 35 mil pesos mensuales”.
A los demás aspirantes a esos emolumentos se les exige que acrediten especializaciones.
Otro caso se da en el área médica, en donde aseguran que Federico Marín -interesante apellido-, “mantiene amenazados a otros médicos” y permanentemente los trata de “manera grosera”.
En Afiliación y Cobranza sigue, nos dicen, Enrique Chávez Estudillo, también por recomendación del ex rector de la BUAP.
A él le atribuyen cobros a los empresarios para hacerse de la vista gorda respecto de los adeudos en las cuotas obrero-patronales.
En el colmo, acusan al actual delegado de incurrir en nepotismo, pues “acaba de meter a trabajar a su hermano en la Coordinación de Atención al Derechohabiente”.
Y así hay más asuntos en este cementerio de pendientes.
Los datos son muchos.
La denuncia es abultada.
¿Qué tan grande será también el interés por investigar?