El presidente municipal de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, y el regidor Rodolfo Salazar Ramiro, así como otros integrantes del ayuntamiento, serán denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla) por las amenazas y acoso a la familia de Patricia Mora Herrera, maestra víctima de feminicidio, luego que se manifestaran exigiendo justicia.
Gabriela Molina, aseguró a este medio que el acoso e intimidación de las autoridades que comenzó desde el día del descubrimiento del cadáver de su hermana ---cuando los pobladores indignados cerraron la carretera---- se ha intensificado al paso de los días, cuando las protestas han crecido hasta llegar a la capital del estado.
Narró que el primer acto de hostigamiento y amenaza por parte del ayuntamiento de Zacapoaxtla a la familia fue del regidor Rodolfo Salazar quien les visitó durante los ritos del funeral para reclamarles por el cierre de carretera y plantón de los pobladores en la vialidad y advertirles que dejaran de “alborotar a la gente”.
Desde ese primer evento y en paralelo con las acciones posteriores de protesta y movilizaciones para exigir justicia por el crimen de Patricia de los pobladores de Zacapoaxtla, de maestros democráticos, de mujeres en la capital luego del Encuentro Feminista y en La Marcha de las Putas e incluso en el Desfile de la Revolución Mexicana; el presidente municipal de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, ha citado individualmente a los integrantes de la familia de Patricia para amedrentarlos y pedirles que abandonen las movilizaciones y dejen de quejarse por la falta de resultados.
“El presidente de Zacapoaxtla nos ha citado en su oficina. Nos manda a llamar uno por uno… funcionarios son enviados para darnos el recado individualmente, comenzó con los mayores, con los integrantes más susceptibles. Los encierra en su despacho y les “convence” de que quejarse lejos de ayudar, perjudica. Llegó a las amenazas si permanecen las protestas”, dijo Gabriela, hermana de la víctima.
Reveló que a misma posición han tomado los funcionarios y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes se han mostrado hostiles y les han pedido que “se mantuvieran tranquilos”, pues las protestas y manifestaciones sólo se “empañan las acciones” e “interfieren en el caso” además de que “no solucionaran nada y sólo se complican las investigaciones”.
Los hermanos de Patricia, Gabriela Molina y Jacobo Herrera Mora insisten en que la FGE está más preocupada en advertirles las consecuencias de estas movilizaciones que en proporcionarles informes sobre los avances de la investigación, que a la fecha aseguran han sido nulas.
“Pese a la cerrazón de la FGE y a las amenazas y hostigamiento de las autoridades de Zacapoaxtla, nosotros vamos a seguir exigiendo justicia, el esclarecimiento del caso y el castigo a los verdaderos culpables. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no vamos a aceptar chivos expiatorios”, dijo Gabriela Molina a este medio.
La familia que aún guarda duelo por la pérdida de Patricia Mora cuyo cadáver fue encontrado el pasado 10 de noviembre en la colonia de Totoltepec, perteneciente a la junta auxiliar de Tanacapan con signos de tortura y abuso sexual, hicieron responsable de cualquier incidente, accidente o daño que sufrieran a las autoridades del municipio de Zacapoaxtla.