El Instituto Nacional Electoral rechazó suspender la distribución de tarjetas en las que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya promete entregar mil 500 pesos mensuales de ganar la elección del primero de julio.

La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral, la entrega de estas tarjetas forma parte de la libertad que tiene los partidos para promover su plataforma de gobierno.

No obstante, los consejeros externaron su rechazo a esta forma de propaganda electoral que se ha utilizado por varios partidos políticos, e incluso cuestionaron que el PAN utilizara esta estrategia cuando en el pasado habían pedido a la autoridad detener esta práctica.

“Apoyo el proyecto, pero eso no significa que estoy de acuerdo con que hagan este tipo de estrategias, ni el reparto de tarjetas, pero están en plena libertad de hacerlo como lo ha dicho el Tribunal”, dijo la presidenta Adriana Favela.

Favela incluso manifestó su preocupación por el uso de datos personales de los ciudadanos que han recibido estas tarjetas; aunque aclaró que ese es un tema que excede las facultades de la comisión, ya que compete a Sala Especializada definir si hubo o no una violación en la materia.

En su oportunidad, el consejero Benito Nacif explicó que la negativa de suspender la difusión de estas tarjetas excede las posturas personales, ya que si bien el INE propuso un criterio para evitar este tipo de acciones, el Tribunal definió su legalidad.

Ante ello, dijo, la comisión está obligada a regirse por las resoluciones que ha emitido la autoridad jurisdiccional en la materia y ser concordante con lo que ha resuelto en temas similares.

Pese a ello, la consejera Pamela San Martín consideró que el INE tiene la obligación de suspender la difusión de este material que coacciona e impide que el voto se emita de manera libre.

También recordó que en 2012 fue el partido que denunció las tarjetas del Partido Verde, que en su momento generaron mucha polémica, pues aseguraba en ese entonces que era una forma de presión al electorado.

“Estamos ante conductas que no abonan al adecuado desarrollo del proceso electoral e insistiré que la comisión debiera tomar medidas que más allá de criterios que no son jurisprudencia”, sentenció.

Fuente: MILENIO