Una campaña promedio en México puede costar 10 veces más que el tope legal, y por cada peso que un candidato declara a la autoridad electoral hay 15 pesos más gastados en la oscuridad, indica el informe "Dinero Bajo la Mesa".

El estudio coordinado por María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien presidió el Instituto Federal Electoral de 2003 a 2007, considera que se trata de "aproximaciones conservadoras", debido a la opacidad de esa "práctica sistémica en la que incurren todos los partidos políticos".

Otra manera de enfocar el problema en la investigación fue medir el gasto real ejercido respecto al tope legal permitido para campañas de gobernador, como herramienta metodológica.

Así, encontraron que el desvío de recursos públicos "es una práctica habitual y recurrente: la revisión de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016 revela que hay 243.000 millones de pesos sin comprobar (más de 12.300 millones de dólares)", indica el extenso informe.

El informe, en el que participaron Ximena Mata y Leonardo Núñez, autores del libro "¿Y dónde quedó la bolita?" sobre el ejercicio gasto público federal, explica el tope legal de las campañas para gobernador.

El tope legal promedio de campañas de gobernador en los 32 estados de la federación mexicana, antes de 2018, "fue de 46,8 millones de pesos constantes (2,4 millones de dólares), con variaciones que van desde 4,8 millones (más de 243.000 dólares) en el caso de Quintana Roo (este) hasta 299 millones (15,3 millones de dólares) en el caso del Estado de México (centro)".

"Eso significaría que el promedio de gasto real ejercido de una campaña exitosa de gobernador puede rondar los 460 millones [más de 23 millones de dólares], con variaciones hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la entidad", indica el estudio que multiplica por 10 el promedio de límites legales.

Pero en estados como Nuevo León, en el norte industrializado del país, una campaña de gobernador un candidato requiere gastar "al menos 900 millones de pesos", es decir más de 45 millones de dólares actuales, (al tipo de cambio de 19,6 pesos), dijo Casar en la presentación.

MODUS OPERANDI

Detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es complejo en todo el mundo, sin embargo en México es más difícil porque "el sistema de justicia carece de las capacidades de investigación necesarias y de la voluntad política para hacerlo", dijo Casar al resumir el informe de 300 páginas.

Los principales mecanismos ilegales son tres: "desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado", revelan los expertos.

El dinero ilegal de políticos empresarios y criminales entra a las campañas "como una inversión cualquiera, quien arriesga su dinero lo hace por la expectativa de un rendimiento futuro".

Y esos gastos proceden de gobernante o funcionarios públicos "para garantizar inmunidad o para construir redes de apoyo político que le ayuden a proseguir su carrera política".

Por su parte, los empresarios o contratistas buscan "obtener acceso al nuevo gobierno en la forma de contratos, permisos o regulación favorable".

Y en cuanto al crimen organizado, financian campañas "para proteger su negocio [criminal], en rutas de trasiego de droga, protección policial o para infiltrarse en el Gobierno y apoderarse de plazas de venta".

El estudio solo aborda las dos primeras formas de fondeo ilegal, y encontró que entre las más comunes se está la recaudación de dinero en efectivo proveniente de los gobiernos federal, provincial y municipal "que no se reporta a las tesorerías", revela el documento.

Por ejemplo, mencionan el pago de impuestos en efectivo o la venta de boletos para espectáculos públicos realizados en inmuebles propiedad del Gobierno.

Otra modalidad detectada es "el uso de facturas apócrifas para comprobar gastos en bienes o servicios que nunca se recibieron y hacer líquido dinero del presupuesto para canalizarlo a campañas".

También son frecuentes durante las campañas "la adjudicación directa y subcontratación forzosa de obra pública, bienes y servicios, así como los sobrecostos asociados a ellas".

Un mecanismo ilegal más es la aplicación de descuentos de las nóminas de trabajadores, "mediante los cuales se les retiene a los empleados del gobierno parte de su sueldo para ser enviado a un partido político".

Finalmente, describen fraudes de peculado flagrantes, tales como "la utilización de programas sociales con fines electorales; la recaudación de pagos ilegales por permisos de construcción; y los arreglos con medios de comunicación para el uso de publicidad gubernamental en apoyo a campañas electorales".

Aunque los expertos no encontraron con precisión el destino final del total de esos recursos, "una parte de ellos pudieron fluir para el enriquecimiento ilícito y otra para fines políticos", denuncia el documento.

El financiamiento privado ilegal que entra a las campañas es más difícil de identificar, comprobar y fiscalizar.

Por ejemplo, relata, si un empresario que desea financiar campañas electorales "simula la compra de bienes utilizando empresas fachada, obtiene un comprobante de gasto legalmente válido —aunque realice obras o ventas—, deduce impuestos y finalmente destina esos recursos para apoyar a un candidato".

Una forma indirecta de calcular la dimensión del problema es midiendo la liquidez monetaria en la economía mexicana.

Fuente: Sputniknews