En caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador exigirá al presidente Enrique Peña Nieto detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para realizar una serie de auditorías sobre la viabilidad del megaproyecto, insistió hoy Javier Jiménez Espriú, a quien el candidato de Morena prometió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las auditorías se llevarán a cabo para analizar la viabilidad económica, ambiental, social y urbana, aseveró. Precisó que “no sólo se tratará de ver si los contratos fueron bien o mal dados o si hubo corrupción, sino también su impacto sobre todos nosotros”.
El ingeniero opinó que, en un país donde 80% de los hospitales se encuentra saturado, el costo del NAIM resulta “bárbaro”.
Ante un público conformado por pobladores afectados por las obras del NAIM y activistas opositores al megaproyecto, también se comprometió a que los pueblos originarios serán consultados “en cada obra que López Obrador emprenda”.
Durante un foro realizado en la Casa Lamm, representantes de comunidades en resistencia y expertos expusieron sus críticas contra el proyecto, al que consideraron ilegal, ambientalmente inviable y destructor del tejido social.
“Estoy muy interesado en lo que ustedes dicen, hemos estado en contacto con muchos de los aquí presentes”, dijo Jiménez Espriú, con un tono conciliador.
Durante el evento, López Obrador no se salvó de las críticas: aunque pobladores de San Salvador Atenco reconocieron que el líder de Morena fue el único en prometer que revisaría el proyecto. También señalaron su “ambivalencia” sobre el tema y sobre el modelo de desarrollo que promueve su partido en general.
La oposición al NAIM que se expresó esta tarde no se limitaba al otorgamiento de contratos por corrupción. También abordó la consulta de los pueblos originarios, los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos, así como la defensa del territorio y del agua.
“Entendemos que lo presionan desde arriba”, declaró América Del Valle, defensora de derechos humanos de Atenco, en una declaración que distó de ser un cheque en blanco para el político.
Fuente: PROCESO