Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son, por tercera vez consecutiva, los cuatro estados considerados como zonas de riesgo para las elecciones federales, de acuerdo con el listado de alerta del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La inseguridad en esas cuatro entidades, además de Chihuahua, es un foco rojo para la organización de las elecciones. El documento de la autoridad federal señala atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.
Dentro de esos estados se pronostica movilidad de autoridades y votantes.
El documento también señala que la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá gobernador: Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.
Por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se harán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los votantes en cinco entidades.
EN OTROS SEIS PREOCUPA ALZA EN CRIMEN
Por tercera ocasión consecutiva, los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados como zonas de riesgos de seguridad y movilidad de autoridades y votantes en una elección federal, pues aparecen en el listado de alerta que tienen el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para las elecciones de este año.
Además, la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá nuevos gobernadores, que son Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz, según los reportes de este mes sobre el nivel de inseguridad en el país.
México vivirá en 2018 el proceso electoral más grande de su historia moderna, porque somete a elección tres mil 406 cargos, que serán decididos por alrededor de 87 millones 895 mil 313 ciudadanos, atendidos por un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo Presidente de la República, a los 128 senadores y 500 diputados federales, así como a nueve gobernadores y a dos mil 768 diputados locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías y consejales.
Y a pesar del esfuerzo realizado de manera constante desde 2006 para disminuir los niveles de inseguridad, por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los propios votantes en cinco entidades, cuatro de ellas ya consideradas como zonas de alerta desde hace 11 años.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y algunas zonas del estado de Veracruz son considerados como “focos de riesgo” para las organización de las elecciones, sin que en ninguno de ellos se llegue a un nivel de alto riesgo o de peligro para no realizarse las elecciones; la categoría es de atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.
En tanto, la Fepade informó hace unas semanas a los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, que los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz representan retos de mayor atención para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral, según informaron a Excélsior algunos de los senadores que escucharon el reporte semanas antes de que concluyera este año y antes de nombrar al nuevo titular.
Comparado con los listados de las entidades de mayor riesgo para la seguridad en las elecciones federales presidenciales de los años 2006 y 2012, se observa que son cuatro las entidades que conservan este estatus, a pesar de los cambios de gobierno que han tenido y de los apoyos federales.
En el año 2006, los estados con mayor problema de seguridad eran Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur.
Para el 2012, había nueve estados de alta atención en el proceso electoral: Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango; en dos de ellos, como fueron los casos de Chiapas y Guerrero, se registraba un ambiente de crispación política.
Así, a pesar de que 2017 es considerado estadísticamente como el más violento en la historia del país, desde que se registran las estadísticas de violencia e inseguridad pública, es evidente que el número de entidades con riesgos en un proceso electoral es significativamente menor; además, en esta ocasión no hay registro de entidades con crispación social.
El análisis de las autoridades electorales para este 2018, sin embargo, es que estos focos de atención no frenarán el proceso electoral, como no lo hicieron en las dos sucesiones presidenciales anteriores.
Fuente: EXCÉLSIOR
