El senador poblano Ricardo Urzúa Rivera, quien recientemente manifestó la intención de convertirse en candidato del PRI al gobierno del estado de Puebla en 2018, se encuentra en la lista de legisladores beneficiados con mil millones de pesos, en contratos del gobierno federal con empresas de su propiedad, sus familiares o en las que son accionistas.

Una investigación del diario El Universal revela que Urzúa Rivera –senador desde octubre pasado como suplente de Raúl Cervantes, hoy procurador de la República- es socio mayoritario y presidente del consejo de las empresas Bexel Group y Video Grylm Televisión. La primera vendió servicios de difusión a la Casa de Moneda y la segunda transmitió un evento de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en circuito cerrado. Por ambos contratos habría recibido la cantidad de 1,101,724 millones de pesos, revela la publicación.

Aunque su nombre aparece en el tercer párrafo del reportaje, El Universal califica al senador originario de Necaxa, Puebla, como uno de los legisladores que “han hecho negocios con la administración federal, pero de menor cuantía”.

Los grandes beneficiarios de las partidas federales durante el sexenio de Peña Nieto fueron Carlos Lomelí Bolaños de Morena, con 505 millones de pesos; Alejandro González Murillo de Encuentro Social,  con ganancias por 294 mdp; el panista Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, con 93 mdp; María Guadalupe Alcántara Rojas de PRI, con 90 mdp y el priista Alfredo Anaya Orozco con contratos 67 millones de pesos.

Aquí el reportaje completo:

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas propiedad de congresistas federales de la actual Legislatura, o en las que ellos o sus familiares tienen participación accionaria y sillones en los consejos de administración respectivos.

Entre los legisladores ligados a las empresas beneficiadas por partidas federales, están: Carlos Lomelí Bolaños (Morena), 505 millones de pesos; Alejandro González Murillo (Encuentro Social), 294 mdp; Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN), 93 mdp; María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI), 90 mdp; y Alfredo Anaya Orozco (PRI), 67 mdp.

También han hecho negocios con la administración federal, pero de menor cuantía, empresas ligadas a los senadores Ricardo Urzúa y Teófilo Torres Corzo, del PRI; Roberto Gil Zuarth y Héctor David Flores, del PAN; y Zoe Robledo, del PT. Los diputados César Camacho Quiroz, Andrés Aguilar, Jorge Enrique Dávila, Ricardo Ramírez Nieto y Gianni Raúl Ramírez Nieto, del tricolor; y Rocío Matesanz Santamaría, del PAN.

Así lo concluye una investigación de EL UNIVERSAL a partir de datos notariales, referencias patrimoniales del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), declaraciones de intereses en la plataforma 3de3, y la búsqueda y revisión  de 375 razones sociales de empresas en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y en el sistema de compras de la Secretaría de la Función Pública: Compranet.

Las firmas que recibieron más fondos federales fueron las contratistas del sector salud Lomedic SA de CV y Laboratorios Solfran SA de CV, propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, de Morena, quien ha sido implicado con el extinto Cártel de los Amezcua y señalado como uno de los principales sostenes financieros del movimiento  de Andrés Manuel López Obrador.

Lomelí Bolaños, secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, aclara: “Nunca he aportado cantidades extraordinarias para el proyecto de Andrés Manuel, eso es una mentira”. También explica la contratación de sus empresas con el gobierno federal: “No busqué estar en la comisión, ni participo en ella, porque me sentiría deshonesto”.

¿Negocios sin militancia?

Distribuidora de Medicamentos y Materiales de Curación, Lomedic SA de CV fue fundada en 1999 por Carlos Lomelí Bolaños, quien a finales de los 80 era profesor de la Preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara, donde se graduó como médico cirujano. Lomedic comenzó operaciones con sólidas expectativas, desde sus primeros años tuvo como clientes a la Secretaría de Salud de Jalisco y a la homóloga en el entonces Gobierno del Distrito Federal, este último en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2000, con López Obrador.

En 2006, ese partido postuló a Lomelí Bolaños al Senado por Jalisco. Perdió, pero dos años más tarde (2008) obtuvo algo mejor: “Gané un concurso de aproximadamente 700 millones de pesos a las cuatro empresas más grandes en la industria farmacéutica, para atender las necesidades de salud en el entonces DF”.

Lomedic apareció al mes siguiente en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU (OFAC, por sus siglas en inglés), como parte de una red de lavado de dinero conectada al grupo de los hermanos Amezcua. Según Carlos Lomelí, las farmacéuticas perdedoras del concurso de los 700 mdp pagaron a OFAC para subir a Lomedic a la lista. Salió de ella en noviembre de 2011. En México, la firma fue exonerada por la ex subprocuradora Marisela Morales.

Lomelí cuenta a EL UNIVERSAL que, pese a todo, las finanzas no fueron afectadas: “Lo que ocurrió de 2008 a 2013 fue un crecimiento de 200%. Cuando fui señalado tenía 480 trabajadores, al término de 2012 tenía casi 2 mil 500”. Ese año fue postulado nuevamente a senador, por la Alianza por el Bien de Todos; sin embargo, en 2016 declaró que no tenía militancia.

Frente a los señalamientos de que financiaba a Andrés Manuel López Obrador, Lomelí responde: “Lo único que he recibido de Andrés ha sido la atención de invitarme a participar. Nunca he financiado ni aportado cantidades extraordinarias para el proyecto de Andrés”.

Lomelí fue electo diputado federal en 2015 por Movimiento Ciudadano (MC), “como parte del proyecto de Enrique Alfaro”, actual alcalde de Guadalajara, municipio al que también factura Lomedic. Más tarde, Lomelí se sumó a la bancada de Morena.

De 2013 a la fecha, Lomedic ha facturado más de 409 millones de pesos al   IMSS, ISSSTE, Pemex, a la Secretaría de Salud (SSa) y a hospitales dependientes. En tanto, Laboratorios Solfran SA de CV, otra de las empresas de Lomelí, obtuvo poco más de 95 millones de pesos de la Ssa, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner), IMSS e ISSTE.

En total, las empresas del diputado morenista han facturado 505 millones de pesos a la administración peñista.

César Camacho Quiroz, coordinador de la diputación priísta en San Lázaro, es copropietario de Estrategia Integral Consultores S.A. de C.V., según copias de antecedentes notariales obtenidas por EL UNIVERSAL. Entre 2014 y 2016 esta empresa le vendió asesorías y estudios jurídicos al Fondo Nacional para las Artesanías (Fonart)  por 1 millón 740 mil pesos.

Otro diputado consultor es Andrés Aguirre Romero (PRI), accionista de Consultores Mexicanos en Proyectos de Ingeniería, SC, firma asesora de Semarnat en materia de contaminación por 1 millón 461 mil pesos  en la actual administración. Mientras Ricardo Ramírez Nieto (PRI), presidente de la Comisión Instructora y secretario en la Jurisdiccional y en la de Justicia de la Cámara de Diputados, es administrador único de Medical and Health. En lo que va de la legislatura ha vendido servicios subrogados de diagnóstico, laboratorio e interpretación de mastografías al IMSS, por 1 millón 553 mil pesos.

El senador Ricardo Urzúa Rivera (PRI) ha sido socio mayoritario y presidente del consejo de Bexel Group SA de CV y de Video Grylm Televisión SA de CV. Durante la actual administración, la primera de estas firmas vendió servicios de difusión a la Casa de Moneda de México (Cmm), y la segunda fue contratada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la transmisión de un evento por circuito cerrado, por 1 millón 101 mil pesos.

El senador Zoé Robledo Aburto, del  (PT) y vinculado a Morena, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara Alta, es socio de Digital Media Monitoring SA de CV, y entre 2014 y 2015 vendió servicios de seguimiento e investigación de medios a la de Secretaría de Economía y a la Presidencia de la República por 845 mil 640 pesos.

El senador Héctor David Flores Ávalos (PAN) fundó en 2011 el despacho Ysita y Flores SC, firma que en 2016 vendió asesoría legal al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) por 390 mil pesos.

 Grupo Iamsa (Inversiones en Autotransportes Mexicanos SA de CV) es presidido por el dos veces diputado y una vez senador por el PRI, Roberto Alcántara Miranda. Su hija, Guadalupe Alcántara Rojas, es accionista del grupo y diputada federal. Mientras las empresas del grupo ETN Turistar Lujo SA de CV, Aeroenlaces Nacionales SA de CV (Vivaerobus), Destinos Parhikuni SA de CV y Flecha Roja, SA de CV han facturado 90.34 mdp en este sexenio a Diconsa, Colegio de Michoacán, CFE,  Conagua, Administración Portuaria Integral (API) Veracruz, Semarnat, Banobras, IMSS,  Conalep y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El senador Teófilo Torres Corzo (PRI) preside la mayor parte de los consejos de administración de la empresas de su familia, que van de los servicios financieros, a los inmobiliarios y tecnológicos. Uno de ellos es Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV, que ha vendido servicios de monitoreo y videovigilancia a la CFE.

Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas ha colocado unidades y servicios en Inegi, Diconsa, Poder Judicial, Cmm, entre otras entidades, de 2013 la fecha, por 2 millones 652 mil pesos.

En cuanto al senador Roberto Gil Zuarth (PAN), reporta en su declaración de intereses que recibió la promesa de compra-venta y donación accionaria de Zureco de Oaxaca S.A. de C.V., marca que posee, según registros del IMPI, Andrés Zuarth Gris, primo del legislador, al igual que la de Zureco de Chiapas S.A. de C.V. Ambas firmas, que comercializan neumáticos y refacciones automotrices, han facturado 953 mil 404 pesos al IMSS y a CFE en el sexenio peñista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el panista aclara que Zureco de Oaxaca  pertenece a sus padres, quienes están en proceso de divorcio, razón de la promesa de compraventa y donación, para la liquidación del patrimonio conyugal.

Gil Zuarth explica que esa empresa, que cuenta con sucursales en Oaxaca capital, Salina Cruz, y Tuxtepec, fue fundada por su abuelo materno “hace decenas de años, antes de que naciera mi mamá”. Detalla que hay varios familiares que tienen acciones en algunas de ellas, razón por la cual su primo es dueño de las dos marcas mencionadas. Sobre la contratación con el gobierno federal consignada, explica que se trata de ventas en sucursal.  “No podemos poner un letrero para que una institución no compre, es como si Oxxo hiciera algo parecido”. Considera que sólo hay conflicto de interés “cuando la posición de relevancia e influencia de un servidor público puede generar una decisión pública en su beneficio y el funcionario interviene de manera activa en función de ese beneficio”.

Procuración de negocios

El diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN), secretario de la comisión de Puertos y Marina Mercante en San Lázaro, proviene de una familia de constructores veracruzanos. Es hijo de Alfonso Gutiérrez de Velasco (+), fundador del panismo en Veracruz, y de la constructora Gutiérrez de Velasco S.A. de C.V., que Francisco José dirigió de 1998 a 2004, antes ser alcalde de Boca del Río. Después de la alcaldía, Gutiérrez de Velasco Urtaza ha dirigido GV Vanguardia S.A. de C.V.

La empresa fundada por su padre ha obtenido, durante la actual gestión presidencial, contratos de obra por 93 millones 494 mil pesos de la secretaría de Marina (Semar), de Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, y de Nacional Financiera (Nafín) ; en tanto, GV Vanguardia S.A. de C.V., realizó obras para las dos primeras dependencias por 33 mdp. En total, estas constructoras han facturado 93.49 mdp al gobierno federal durante el sexenio actual.

También está Tecnogolfo S.A. de C.V., propiedad de la diputada Rocío Matesanz Santamaría (PAN), de acuerdo con su perfil de Linkedin; pero en la que su esposo José Farrera Redondo funge como administrador único, según expedientes del IMPI. Aunque no ha alcanzado los 50 mdp que facturó en los gobiernos panistas, durante el peñismo Tecnogolfo facturó 7.23 mdp. a Pemex Exploración y Producción.

Una facturación similar alcanzó IOC Urbanizaciones Tepic S.A. de C.V., que fuera del fugaz diputado Gianni Ramírez Ocampo, quien prefirió retomar la secretaría de Obras en el gobierno de Nayarit, a las órdenes de Roberto Sandoval.

Ninguna de estas supera a la constructora de los Murillo de Hidalgo. Antes de asumir la diputación, Alejandro González Murillo (PES) dirigió Itrio Arquitectos S.A. de C.V., constructora de sus familiares: Patricia González, Gerardo Roqueñí Murillo. Estos, como el legislador, son sobrinos de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio peñista.

Itrio Arquitectos ha facturado con dependencias federales –secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Comisión Nacional del Agua (Conagua)– 294.80 mdp.

Sector energético

Grupo Alfa Omega reúne empresas de los sectores minero, inmobiliario, de seguros, transporte, servicios, hotelería, franquicias, consultoría, fertilizantes y petroquímica. Lo preside el ex diputado federal priísta [2012-15] Alfredo Anaya Gudiño, que en 2001 fue vinculado a la red criminal de Francisco Sahagún Baca, ex jefe de la dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) del ex jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo; y en 2008 con el cabecilla del grupo criminal “templario”, Servando Gómez (El Universal, 24/02/2016).

El vicepresidente del consorcio es su hijo, Alfredo Anaya Orozco, secretario de la comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara baja. Fefermex, empresas de químicos y fertilizantes del Grupo Fertiquim, filial de Alfa Omega, sólo en 2014 facturó 67.52 mdp a Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Refinación.

El secretario de Economía en San Lázaro, Enrique Dávila Flores, es fundado de Inmobiliaria JDF S.A. de C.V. y de Autoeléctrica JDF S.A. de C.V. Esta última obtuvo un contrato con Pemex Refinación en este sexenio, con valor de  poco más de 1 millón de pesos, por mantenimiento de tanques.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/