Josefina Vázquez Mota inició la contienda por la gubernatura del Estado de México en el segundo lugar de las prefencias electorales, y sólo bastaron tres meses de campaña para que se desplomara hasta el cuarto lugar, reporta 24 Horas Puebla.

Su designación como candidata estuvo viciada de origen. Anaya Cortés hizo todo para nombrarla candidata, aun cuando llevaba a cuestas un escándalo mediático: los mil millones de pesos que el gobierno federal priista le otorgó a su fundación Unidos Podemos.

La designación de la candidata panista generó también críticas de los militantes que, por años, controlaron el partido en aquella entidad. Como el diputado federal Ulises Ramírez Núñez quien, impulsado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle, buscó también ser el abanderado en el Estado de México.

La candidatura mexiquense del PAN, pues, se convirtió en una suerte de disputa por la candidatura presidencial de 2018. Y ganó Anaya, hasta que los sondeos electorales reflejaron, cada semana, la caída de Vázquez Mota.

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, el 20 de enero de este año Anaya Cortés se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para alcanzar un común acuerdo: evitar un eventual triunfo mexiquense de Morena y su candidata, Delfina Gómez.

En su columna Serpientes y Escaleras, el periodista relató que el PRI se comprometía a aceptar un posible triunfo electoral de Vázquez Mota, con lo que la disputa por la gubernatura se convertiría en un juego de tercios. El plan de Anaya, según los primeros resultados electorales de la jornada de ayer, no funcionó como esperaba.

A finales de marzo se incluyó también al ex alcalde poblano Eduardo Rivera Pérez en la contienda del Estado de México. Inhabilitado por 12 años de cualquier cargo público por el Congreso de Puebla, el CEN del PAN lo designó como delegado especial en la contienda electoral mexiquense.

La designación de Rivera Pérez fue titulada en los medios locales poblanos como un superblindaje por parte del líder nacional del PAN, pero desde entonces el proceso en su contra ha continuado y casi nadie cree que pueda competir por algún cargo de elección popular en 2018.

El ex alcalde de Puebla señalado por un presunto daño patrimonial de 300 millones de pesos recibió como una bocanada de aire fresco su designación como delegado especial.

Reunió a su reducido equipo de colaboradores y los llevó hasta aquella entidad para hacer campaña: regalar volantes, colocar pendones y pegar estampas con colores blanquiazules. Pero siempre lo distrajo el proceso que libraba en Puebla para solventar las irregularidades financieras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó durante su tercer año de gobierno al frente del Ayuntamiento de Puebla, en 2013.

De hecho, el inicio del proceso jurídico con el que intenta librar su inhabilitación ocurrió en uno de los días más importantes de la contienda electoral en el Estado de México: el primer debate entre candidatos.

Aquel 25 de abril, mientras Vázquez Mota hablaba hacia la audiencia sobre sus programas de gobierno, Rivera Pérez pensaba en el juez tercero de Distrito, el mismo que encabeza las audiencias del proceso federal que emprendió el ex alcalde para no ser sancionado por el presunto desfalco detectado en su administración.

La última jornada de campaña que encabezó Rivera Pérez ocurrió el 20 de mayo, según su cuenta oficial de Twitter. Junto a su esposa Lili, el ex alcalde recorrió los municipios mexiquenses de Tlalmanalco, Atlautla y Amecameca.

En las fotos, él y sus colaboradores sonríen desenfadados, con el pulgar en alto y las camisetas con un nombre bordado: “Josefina”. La misma que se desplomó hasta el cuarto lugar en sólo tres meses, y que en la caída arrastrará a unos cuantos.

Fuente: http://24horaspuebla.com/