La idea de mover las dependencias federales a otras partes del país propuesta por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó varias suspicacias y reacciones sobre cómo piensa llevar a cabo este plan.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia prevé un monto de 125,000 millones de pesos en promedio para la construcción, equipos, sistemas, mobiliario y mudanza de las 31dependencias, más otros 22,805 mdp para estudios, evaluación de las dependencias y el costo de traslado.

López Obrador considera que esta medida ayudará a fortalecer las economías de todos los estados y aseguró que el proceso comenzará desde el comienzo del sexenio 2018-2024, con el cambio de sede de la Semarnat a Mérida, Yucatán, y la Sectur, a Chetumal, Quintana Roo.

Integrantes de su equipo señalaron que el proceso de mudanza será lento y que se espera que en septiembre se conforme una comisión especial que se encargue de realizar estudios de la situación de cada dependencia y del presupuesto que se requiere para su cambio de sede.

Alfonso Romo, quien se perfila como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, aseguró que el proceso no será "irresponsable" y que cuidarán las fuentes de empleo y al personal que actualmente labora en cada una de las dependencias federales.

"No va a ser algo irresponsable. Va a ser algo muy cuidadoso, en donde nos vamos ir yendo a la descentralización y vamos ir absorbiendo un plan de trabajo para que esas personas (que trabajan en las secretarías en la capital del país) puedan encontrar un lugar. Es sumamente lento, va a ser definitivo pero lento", dijo.

En el proyecto de Nación 2018, se contemplan además de los 125,000 mdp para la mudanza en todo el sexenio, gastos de 250 mdp para estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades que permita calificar su viabilidad y los requerimientos de inversión para infraestructura; 1,400 mdp para los primeros “planes maestros” y los proyectos ejecutivos de la primera etapa, y 20,834 mdp en inversiones de obras con participación del sector privado.

En su proyecto de nación, López Obrador señala que el hecho de que prácticamente todo el gobierno federal esté en la Ciudad de México genera una concentración de instituciones y empresas privadas que quieren mantenerse cerca de las dependencias correspondientes con las que tienen relación.

Esto provoca una concentración histórica, en la que el 80% de las 3 millones de personas que trabajan en el gobierno estén en la CDMX. En el documento se indica que con la desconcentración, se espera una distribución de factores que ayuden en la reactivación económica para la generación de empleo y bienestar de las comunidades.

Además contempla que las nuevas tecnologías –que permiten conexiones a distancia– "contribuyan en una mejor gestión de trámites administrativos" para facilitar su operación.

¿ESTO ES VIABLE?

Expertos consideran que no es tan necesario mover las dependencias, considerando el traslado de las personas que actualmente trabajan en las secretarías y los espacios donde se ubicarán.

“¿Cómo el mover una secretaría generará más desarrollo?”, cuestiona Valeria Moy, directora de la organización México, ¿cómo vamos?

Para la economista, el movimiento generaría más ruido porque tiene un costo que va más allá de lo económico, como el hecho de deshacerte de los inmuebles, reubicar a la gente y entender la actividad económica de cada lugar.

“(El plan) sí es posible económicamente, pero eso no tiene que ver con que sean útiles o rentables. El tema va más allá de si es económicamente viable”, afirma.

Por su parte Gustavo López Montiel, académico del Tecnológico de Monterrey, señala que lo que está proponiendo el virtual presidente no es una descentralización, porque descentralizar tiene que ver más con asuntos administrativos, sino que lo que está haciendo es solo llevarse las secretarías lo que, alerta, puede provocar conflictos legales.

“No es únicamente llevarse un edificio de un estado a otro, es llevarse a la gente, una estructura interna, un conjunto de condiciones que implican riesgos legales, de derechos adquiridos de los trabajadores y me parece que es una apuesta muy complicada”, dice.

En su proyecto, López Obrador plantea una ruta de líneas de acción como un diagnóstico de las características de cada dependencia, así como identificar la problemática de la burocracia federal y sus posibles posicionamientos en relación a su movilidad y traslado a otras ciudades.

"El traslado va a requerir de un acuerdo con los trabajadores al servicio del estado, en vez de construir viviendas en la Ciudad de México, las vamos a construir en los estados, vamos a utilizar el Fovissste para dar créditos baratos, dar todas las facilidades (...) para que puedan hacer su vida en los estados, facilidades para que estudien sus hijos, mejores condiciones labores. Nada va a ser por la fuerza, todo por la razón y por el derecho. Los vamos a convencer", dijo el morenista en un video publicado en noviembre de 2017.