A la fecha, el gobierno federal ha creado 374 fideicomisos que concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.
Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.
Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.
Fundar Centro de Análisis e Investigación, luego de ingresar más de 2 mil solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano.
La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.
Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad en el que señala que “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso.
A nivel federal existen 374 fideicomisos públicos. En teoría, un fideicomiso funciona para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, prevención o atención de desastres naturales o estabilidad financiera.
Sin embargo, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo que sirven como instrumentos para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público.
Está también la participación de estancias privadas, que controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).
De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos.
Fuente: Sinembargo
