El Tren Interurbano México-Toluca, uno de los megaproyectos más presumidos por la administración de Enrique Peña Nieto, costará por lo menos 59 mil millones de pesos -más de la mitad de lo planeado en un principio-, debido a la mala planeación y a un proceso de contratación “desorganizado y opaco”, reveló hoy un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las empresas que obtuvieron los contratos más importantes del megaproyecto tienen conexiones con la élite priista del Estado de México, como es el caso de OHL -involucrada en presuntos casos de corrupción en las administraciones de Peña Nieto-, La Peninsular -de Carlos Hank Rhon-, Omega Construcciones Industriales -de Jorge Miguel Melgarejo Haddad- e ICA, presidida por Bernardo Quintana Isaac.
Inicialmente cotizado en 38 mil millones de pesos, el tren debía entrar en operación el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, su arranque fue pospuesto en varias ocasiones y ahora se plantea incluso que estaría totalmente concluido a principios de 2019.
Tras revisar cada etapa de los procesos de contratación del Tren Interurbano, el IMCO se percató que existen “enormes huecos de información que debe publicarse, solicitudes de información negadas y omisiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para mantener los datos, montos y contratos del tren adecuadamente actualizados y disponibles al público interesado”.
Para el desarrollo de la obra, OHL y La Peninsular se unieron en consorcio y ganaron un contrato por 10 mil 148 millones de pesos. Omega se asoció con Caabsa Constructora y otras tres empresas para obtener otro contrato de mil 426 millones de pesos, mientras que ICA recibió un contrato por más de dos mil 855 millones de pesos.
El Consorcio Ferrocarril Urbano, conformado por las empresas transnacionales Construcciones y Auxiliares de Ferrocarril (CAF), Isolux Cordán, Construcciones Urales -éstas tres de origen español- y la francesa Thalès, obtuvo por su parte la licitación para los trenes por un monto 13 mil 570 millones de pesos.
Durante los últimos tres años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un gran número de irregularidades alrededor del proyecto.
En su revisión de la cuenta pública 2014, su intervención permitió recuperar mil 120 millones de pesos, que la SCT y el gobierno de la Ciudad de México pagaron por obras no ejecutadas. El año siguiente determinó pagos injustificados por 137 millones de pesos; mientras que en la cuenta pública 2016 el órgano fiscalizador observó pagos indebidos por mil 775 millones de pesos.
Fuente: PROCESO
