Durante 2017 las autoridades fallaron en dar seguridad a la población: continuaron la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, además de que se promulgó una Ley de Seguridad Interior que carece de parámetros para evitar violaciones a derechos humanos.
Así resumió el año el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al presentar su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, aprovechó para hacer un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República:
“Vale la pena convocar a los contendientes a la reflexión, para desterrar la animadversión de nuestra élite electoral en beneficio del respeto a las personas y la consolidación de la democracia. El intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales puede ser vigoroso, pero para beneficio del país jamás debe ser intransigente o fanático”.
Sobre los delitos de alto impacto que motivaron la apertura de expedientes de la CNDH, afirmó que “se registraron 398 expedientes de queja por detención arbitraria; 319 tratos crueles inhumanos o degradantes; 464 de negligencia médica, 83 de tortura, 25 casos de privación de la vida y 21 de desaparición forzada e involuntaria de personas”.
Las violaciones más graves que se determinaron fueron nueve casos de tortura, otros tantos de “tratos crueles inhumanos o degradantes; en nueve, privación de la vida; y en seis, desaparición forzada o involuntaria de personas”.
González Pérez consideró que “las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales”, en parte debido a “la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales”.
Criticó además la Ley de Seguridad Interior aprobada por los legisladores y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual tenía frente a él.
Dijo que, en su parte sustantiva, dicha ley hace posible que, sin parámetros objetivos y ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, “por causas y materias que trascienden por mucho el ámbito de la seguridad individual” por cuestiones “imprecisas y subjetivas de interpretación” como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho.
Fuente: PROCESO
