Este domingo, en un evento multitudinario, el mandatario panista de Chihuahua anunció que emprenderá una estrategia legal para "obligar" a la administración de Enrique Peña Nieto a que realice la transferencia de 780 millones de pesos (mdp) faltantes del ejercicio de 2017. Corral asegura que el congelamiento del dinero es una "represalia" a causa de la investigación que realiza por actos de corrupción presuntamente cometidos por su antecesor, César Duarte. 

De manera casi paralela, la Secretaría de Hacienda aseguró que la entrega de recursos a Chihuahua se realizó en tiempo y forma, y acusó que existe una intención de hacer una "interpretación sesgada" de un tema "exclusivamente técnico, jurídico y financiero".

Estas son las claves del caso.

Los motivos del conflicto 

¿Qué dice Corral? El gobernador acusa que el gobierno federal no entregó 780 mdp, correspondientes a tres convenios de apoyo para el saneamiento financiero de las entidades.

¿Qué dice el gobierno federal? El primero en reaccionar a las acusaciones fue el presidente Peña Nieto, quien señaló que el asunto se debe dirimir ante las autoridades correspondientes. Además, cuestionó la legitimidad del reclamo, que tachó de "acto político". 

Hacienda, por su parte, asegura que los recursos asignados al estado a través del presupuesto han sido entregados conforme a la ley. Asimismo, refiere que en 2017 Chihuahua recibió 2,000 mdp más respecto del presupuesto aprobado por los diputados. 

El destino de los recursos 

¿Qué dice Corral? El gobernador acusa que Chihuahua fue el único estado que no recibió los recursos, lo que asegura es un mecanismo de presión por la lucha anticorrupción que ha emprendido en su administración. 

¿Qué dice el gobierno federal? Hacienda, por conducto del subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, asegura que los recursos señalados corresponden a partidas extraordinarias del presupuesto, las cuales están sujetas a suficiencia presupuestaria. 

Además, sostiene que se trata de cuatro convenios: el primero por 20.4 mdp, correspondiente a recursos etiquetados a través de Fortalece, mismo que afirma fue pagado el 29 de diciembre.

Un segundo convenio fue por 44.8 mdp, que no fueron transferidos dado que el gobierno estatal proporcionó una cuenta que fue rechazada. La cuenta validada fue entregada hasta el 8 de enero y, dice, por la vigencia del convenio ya no se pudo hacer la transferencia. 

El tercer y cuarto convenios, menciona, es por 35.3 mdp y 700 mdp, que corresponden a solicitudes de recursos para el saneamiento del estado, los cuales no se pagaron por no contar con disponibilidad presupuestaria, una situación que también afectó a Tlaxcala y Zacatecas. 

Las acciones

¿Qué dice Corral? El mandatario anunció este domingo una estrategia legal para "obligar" al cumplimiento de los convenios. Entre las acciones que analiza está la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). También adelantó que presentará varias solicitudes de información sobre los convenios y las transferencias que se han realizado a los estados para demostrar que hay un "trato inequitativo". Asimismo, llamó a los chihuahuenses a manifestarse para exigir la extradición del exgobernador priista César Duarte, quien se presume está en EU. 

¿Qué dice el gobierno federal? Ante este anuncio, Hacienda señaló que, para poder firmar convenios durante este año para el otorgamiento de apoyos extraordinarios al gobierno de Chihuahua, antes se deberá resolver la controversia constitucional anunciada por Corral. 

Las voces externas 

¿Qué dicen otros gobernadores? El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, del PAN, desestimó los señalamientos de Corral, al señalar que nunca ha recibido quejas de sus homólogos sobre la transferencia de recursos federales. "Nunca, en ningún momento, ningún gobernador ha tenido un acercamiento o ha habido terrorismo, si es de un partido o de otro, a favor o en contra de los ingresos hacendarios que debe recibir cada estado por parte de la Secretaría de Hacienda", dijo el queretano. 

En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, del PRD, consideró que se trata de un asunto "meramente electoral", pues sostuvo que a él nunca le han dicho que no habrá recursos para su estado por una cuestión partidaria. 

¿Y en las ONG? México Evalúa, experta en supervisar el ejercicio de gobierno, señaló que los recursos que señala Corral corresponden al Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas), un fondo controlado por Hacienda y que no se encuentra regulado por la ley, lo que permite discrecionalidad en su asignación e implica riesgos de que sea usado con fines políticos. 

"Una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado están caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos", señala la organización en un comunicado. 

En el caso de Chihuahua, la ONG advierte que los recursos parecen hacer referencia al Fondo para el Fortalecimiento Financiereo (Fortafin), que en 2017 tuvo un presupuesto aprobado de 3,264 mdp, pero a septiembre ya contaba con un gasto 10 veces superior: 32,806 mdp. Sobre este fondo, Chihuahua fue el estado que menos recursos recibió, pues mientras que el promedio por estado fue de 1,023 mdp, a Chihuahua sólo se le asignaron 61 mdp. La entidad más beneficiada fue el Estado de México, con 5,291 mdp.

Fuente: EXPANSIÓN