El gobernador panista Javier Corral denunció que el gobierno federal decidió incumplir un convenio pactado por 700 millones de pesos para concluir el año fiscal en la entidad fronteriza para pagar aguinaldos, salarios y prestaciones, como represalia por la investigación de recursos desviados a campañas priistas y que mantiene en la cárcel al exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
El anuncio de esa represalia la conocieron las autoridades de Chihuahua el 4 de diciembre pasado en una reunión entre funcionarios estatales y federales, de la que Corral se negó a dar más detalles hasta conocer la respuesta del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.
Acompañado de integrantes del grupo Encuentro Chihuahua (que forman parte de la coalición Por México al Frente), del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de senadores, líderes sociales, intelectuales y activistas, Corral Jurado refirió que recibió la administración con sólo 21.8 millones de pesos de saldo, una deuda superior a los 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones.
Durante su gestión, agregó, se han aplicado medidas de seguridad, y enseguida advirtió: “Si alguien sabe de esta situación es el presidente (Enrique) Peña Nieto, a quien le he expuesto los datos y los números en varias ocasiones”.
En ese contexto, informó que el 14 de diciembre el gobierno estatal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribieron varios convenios, en los que la dependencia federal se comprometió a entregar recursos para varios programas: desarrollo regional por 44 millones 777 mil pesos; para obras diversas de gestión legislativa por 35 millones 334 mil pesos, y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones para que el estado cuente con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.
El gobernador detalló que ese apoyo que da el gobierno federal a las entidades federativas, se da cuando éstas enfrentan una compleja situación financiera, y Chihuahua lo recibió en el gobierno del priista César Duarte Jáquez, ahora prófugo de la justicia.
En el 2014, las entonces autoridades estatales recibieron mil millones de pesos; en el 2015, fueron mil 183 millones, y 770 millones en 2016, esto último “ya dentro de nuestro primer año de ejercicio y, para el cierre de 2017, se convino una transferencia de 700 millones”.
En ese contexto y con la detención de Gutiérrez Gutiérrez, Peña Nieto impuso a Chihuahua una represalia económica, que les comunicó directamente José Antonio González Anaya, el titular de la SHCP.
Fuente: PROCESO
