Altos ejecutivos de Odebrecht narran a detalle los encuentros que mantuvieron con Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y describen el discreto mecanismo que acordaron para transferirle 10 millones de dólares en “propinas”, como le llaman a los sobornos. Y lo hicieron ante una cámara en diciembre de 2016, en presencia de fiscales de la Procuraduría General de Justicia de Brasil.

Los videos de estas confesiones habían permanecido secretos, como la demás información contenida en el expediente penal 6655 radicado en el Supremo Tribunal de Brasil. Hasta hoy sólo se conocían algunas partes transcritas de estos testimonios que inculpan al político mexicano.

El personaje que habló con más detalle de los presuntos sobornos a Lozoya fue Luis Alberto Meneses Weyll y lo hizo el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en Sao Paulo, Brasil.

En compañía de sus abogados y ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, Meneses renunció a su derecho a guardar silencio, aceptó que la sesión fuera grabada y habló durante poco menos de una hora.

Meneses fue uno de los primeros personajes que aceptó colaborar con la justicia. Su nombre aparece relacionado con el presunto pago ilegal de 20 millones de dólares al entonces presidente de Perú, Alejandro Toledo, a cambio del contrato para construir y dar mantenimiento a 703 kilómetros de una carretera que conecta a Perú con Brasil.

Los videos fueron obtenidos por una red de reporteros liderada por la organización IDL-reporteros, de Perú, y que integran reporteros de Brasil (O Globo), México (Quinto Elemento Lab), Venezuela (Armando Info), Uruguay (Sudestada), Panamá (La Prensa) y Argentina (La Nación).

Esta red, conocida como Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, ha seguido durante meses la evolución de este caso, reconocido como el mayor escándalo de corrupción corporativa en América Latina.

El caso Odebrecht ha sacudido a la clase política en varios países. Ya alcanzó al ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a presidentes, ministros, diputados de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.

Las confesiones de los empleados de la empresa son parte medular del caso.

Hasta ahora 78 altos ejecutivos de Odebrecht han colaborado con la justicia brasileña y han aportado evidencias que corroboren sus afirmaciones a cambio de una posible reducción a sus condenas. Marcelo Odebrecht, director general de la compañía, preso desde 2015, también se acogió a este acuerdo, conocido como “delación premiada”.

Algunos de los delatores declararon y proporcionaron documentación de más de un caso y de más que un solo país.

Hilberto Mascarenhas da Silva describió durante varias horas cómo funcionó el Departamento de Operaciones Estructuradas, área que pagaba los sobornos; explicó cómo mantenían su operación en secreto y los complejos esquemas de lavado de dinero que montaron en otros países y en paraísos fiscales para transferir los sobornos con secrecía. Da Silva fue el director del departamento desde su creación y también habló acerca de sus acuerdos con Emilio Lozoya.

Luiz Mameri, el vicepresidente para América Latina y Angola, habló de Lozoya y también entregó información que implicó al ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva. En sus testimonios Hilberto da Silva y Mameri hablaron de haber pagado sobornos y aportes a campañas políticas en Perú, Argentina, Colombia, Panamá. Pero quien ofreció más detalles fue Meneses.

A partir de todas estas “delaciones premiadas” es que se sabe ahora que Odebrecht ofrecía pagos para lograr muy distintos favores: que le dieran contratos, o para que aceptasen precios inflados por sus servicios. O como una apuesta a futuro para hacerse de la gracia del candidato o candidata punteros de una campaña política.

Confesar los delitos no basta para que la justicia de Brasil les reduzca el tiempo de cárcel o les conceda condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.

Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, el juez a cargo de la causa puede eliminar estos beneficios o incluso aumentar las penas. De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y delatores, el juez no está obligado a respetarlo.

Fuente: ELECONOMISTA