La ley de Seguridad Interior representa un riesgo a la protesta social previo a los comicios electorales que se realizarán en julio del próximo año, alertaron organizaciones, por lo que hicieron un llamado a los senadores a frenar esta minuta y a la sociedad civil a manifestar su rechazo.

“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.

Porfirio Martínez, miembro de Mexicanos Unidos, expuso que la legislación aprobada deja en indefensión a las manifestaciones: “Esta ley es la de Porfirio Díaz, mátenlos en caliente. Esa es la naturaleza. Primero repriman y después veremos”.

El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que da facultades al Ejército para realizar tareas de seguridad pública. Ahora la minuta deberá ser discutida por el Senado de la República.

Este lunes, la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Senado que no apruebe la Ley de Seguridad Interior.

En una carta firmada por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se expone que la minuta que deberá resolver la Cámara alta ese jueves “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación “que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”.

“Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, dijo en un comunicado.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

“En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos”, agudiza la preocupación de la Comisión Interamericana.

“¿Cuáles son las consecuencias de aprobar esta ley? Pues una violación sistemática de los derechos humanos”, dijo el General Francisco Gallardo. “Tienen por objeto criminalizar la protesta social, pero el fondo es la entrega de los recursos de la nación”.

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.

Fuente: SINEMBARGO