La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió este viernes a los gobierno federal y estatal a dar una respuesta y solución inmediata al desplazamiento forzado de cientos de indígenas tzotziles de Chenalhó y Chalchihuitán, por una añeja disputa agraria y de límites territoriales.

En una misiva urgente, enviada a los autoridades locales y federales, Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, expresó su profunda preocupación por las más de cuatro mil personas desplazadas “que enfrentan una situación insostenible” como consecuencia de un conflicto histórico limítrofe entre las comunidades de los municipios mencionados.

Varias de las personas desplazadas están en una situación particular de vulnerabilidad (niños, niñas, personas mayores y mujeres embarazadas), quienes han sido forzadas a enfrentar condiciones precarias e inhumanas, incluidas la falta de condiciones adecuadas de salud, la ausencia de un lugar de refugio adecuado y poco o nulo acceso al agua o a la alimentación, además de encontrarse en una situación continua de inseguridad, puntualizó.

El funcionario de la ONU-DH aseveró que “la trágica situación actual es inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecuada que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección en los mismos”.

Es necesario, dijo, alcanzar “una solución integral y duradera” que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado.

Este proceso, añadió, debería contar con el apoyo y la mediación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil relevantes, para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

Durante su visita al país en noviembre pasado, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió información sobre el caso, y al término de su misión aludió a la situación de las personas desplazadas forzosamente e hizo un llamado al Estado a tomar “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos culturalmente adecuados”.

De igual manera, resaltó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.

Jan Jarab sostuvo que la situación en Chiapas es muestra de una problemática más amplia.

Fuente: PROCESO